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Alberto Patishtán pasa 13 cumpleaños en la cárcel por un crimen que no cometió

Hasta las autoridades dicen que es inocente ¿Por qué sigue preso? el titular de un portal de noticias resume unos de los más terribles casos de injusticias y arbitirariedades del sistema legal mexicano. Un profesor indígena acusado de emboscar a 7 policías basados en un incierto testimonio ha generado que pase los últimos 13 cumpleaños en la cárcel, donde ha enfermado de cáncer, pasado de penales de alta seguridad, sufriendo toda clases de vejaciones. La libertad del profesor Patishtán no solo libera a un hombre inocente, la reciente negativa de la Suprema Corte de Justicia evidencia que su caso evidenciaría las fallas sistemáticas de algo que está a punto de derrumbarse sostenidos solo por los alfileres de la injusticia.

https://twitter.com/chiapasdenuncia/status/325284317167226880/photo/1

Este 19 de decenas de organizaciones, una peregrinación en Chiapas, un mitin en la Ciudad de México  y una protesta en redes sociales se han unido en una sola petición: #LibertadPatishtan y están consiguiendo ser visibles tanto que el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco presione para que estos actos no interfieran con la próxima visita de Peña Nieto y en un hecho insólito apoye su liberación

Retomamos un extracto de Sopitas.com que hace un excelente resumen del caso Patishtán. Léelo completo aca 😉

 

Pero ¿quién es y de dónde viene el caso Patishtán?

En un artículo de la revista Proceso, Isaí Mandujano explica que el caso se da entre varios eventos importantes dentro de la agenda pública de México, como el levantamiento en Chiapas de los zapatistas (1 de enero de 1994), la pérdida de la presidencia del PRI así como de la gubernatura de Chiapas y, por último, la inestabilidad política del municipio Del Bosque  (especialmente entre los usos indígenas y la posición estatal).

A Patishtán se le relaciona con que el 12 de junio del 2000, siete policías estatales cayeron abatidos a tiros en una emboscada en el paraje Las Lagunas de Las Limas municipio de Simojovel (Chiapas). Sólo sobrevivieron Rosemberg Gómez Pérez, hijo del alcalde Manuel Gómez Ruíz, y el policía estatal, Belisario Gómez Pérez.

Los uniformados emboscados se dirigían al poblado de El Bosque (el cual era gobernado por Gómez Ruiz, persona  con la que Alberto Patishtán Gómez tenía diferencias políticas).

Los personajes que hicieron la emboscada eran hombres encapuchados que previamente habían preparado trincheras para esperar el paso de la unidad con los uniformados.

Tan pronto como ocurrieron los hechos se especuló que había sido obra de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Incluso, se dijo que podían haber sido miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y hasta un presunto grupo paramilitar, como el que actuó en Acteal (1997).

Lo cierto es que una semana después fue capturado el maestro indígena Alberto Patishtán Gómez. Sin ser éste miembro del EZLN o pertenecer a grupo político alguno. (Incluso hubo testigos que lo vieron dando clase el día y la hora en que fue perpetrado el ataque).

Desde el penal donde se encuentra recluido (con una sentencia de 60 años), señala que fue víctima de tortura física y psicológica desde el momento de su detención.

Durante su encierro empezó a convivir con los reos indígenas zapatistas con quienes mantuvo mucha afinidad por su labor en la resistencia civil en El Bosque. Por lo mismo se  declaró adherente en La Otra Campaña del EZLN y fue erigido como líder y vocero de los indígenas de La Voz de El Amate.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas asumió su defensa y, al revisar su expediente, se encontró con un cúmulo de irregularidades. Desde entonces, decenas de ONGs de Chiapas, México (como es el caso de Movimiento por la Paz) y de todo el mundo se han pronunciado por la libertad de Patishtán Gómez.

Además fue trasladado el 20 de octubre de 2011, mientras se encontraba en huelga de hambre, al Centro Federal de Readaptación en Guasave, Sinaloa, en donde estuvo varios meses. Su desarraigo de Chiapas fue pedido en la administración del Gobernador Velasco Coello, el cual, ahora, se pronuncia públicamente por su libertad:

 “No queremos que vuelvan a existir casos como el del maestro Alberto Patishtán, quien no debió ser encarcelado”

“Lo que queremos es que se fortalezca y sí, quiero ser muy reiterativo en esto, la impartición de justicia en sus propias lenguas para hacer realidad sus derechos constitucionales, porque no queremos que vuelvan a existir casos como el del maestro Alberto Patishtán que no debió de haber sido encarcelado y que a opinión del Gobernador del estado debe obtener su libertad, pero casos como este son los que debemos evitar que surjan en nuestro estado y que existan en nuestro país” (La Jornada 13 abril 2013)

Esto fue dicho al tiempo en que circulaba en Internet una fotografía del Gobernador cargado «en andas» por indígenas. Lo cual hizo que más de uno pusiera el grito en el cielo, ya que hablamos de Chiapas, una entidad en las que las relaciones entre los indígenas y el Estado siempre han sido delicadas y esta práctica puede interpretarse de maneras muy distintas –lo cual nos obliga a hacer un pronunciamiento respecto a la defensa de «los usos y costumbres»-, y más específicamente, una investigación histórica sobre esta práctica en particular, revisando qué significados tiene, y cómo convivió ésta con  las prácticas de los hacendados de la zona. En pocas palabras, no podemos caer en la simplicidad de decir: así son sus usos y costumbres y nos hacemos de la vista gorda o no respetamos ninguno, y entonces sometemos a los grupos minorizados a nuestra forma de ver y organizar el mundo.

El 6 de marzo, el abogado del Despacho de Defensa Estratégica en Derechos Humanos AC, Alberto Leonel Rivero, logró que el caso de Patishtán llegara hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez ahí, los ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar votaron porque la Corte conociera el asunto y resolviera; a pesar de eso, los ministros José Ramón Cossío, Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena lo rechazaron, por lo que turnaron el caso al Tribunal Colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez.

«[Fue] un fallo inhumano e indignante, después de esta actitud mi expediente será turnado próximamente al primer tribunal colegiado para ser estudiado y analizado» Expresó Patishtán (La Jornada 16 abril 2013)

“Consideramos que la Primera Sala de la SCJN al no reasumir su competencia en el caso (…) constituye una denegación de justicia a miles de personas cuyos procesos estuvieron repletos de irregularidades, tal como es el caso de Patishtán” Dijo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (El Universal, 14 de Marzo 2013)

Se espera que  este mes, el Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla resuelva si Patishtán queda en libertad por fallas al debido proceso o si seguirá en prisión.

Por su parte, Amnistía Internacional envió una carta el pasado 20 de marzo a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena.

«Tras revisar a fondo el caso de Patishtán, Amnistía Internacional concluyó que hubo serias fallas en el proceso,  entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patishtán como responsable de los delitos. Este testimonio fue tomado en cuenta, mientras que la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, fue desechada».

De la misma manera, informaron que documentaron reiteradamente la forma en la que el sistema de justicia en México falla a la hora de garantizar procesos justos e igualitarios, especialmente cuando la persona acusada es un indígena de escasos recursos. (Así, el caso de Patishtán resulta paradigmático respecto al trato de los indígenas y sus relaciones con la justicia, pues no es el primer caso en el que se presentan «irregularidades» en dichos procesos).

Amnistía expresó que esperaba que el Tribunal Colegiado diera un fallo justo que reconociera los avances en la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos.