#PorTodosLosDesaparecidos es una iniciativa directa, sin intermediarios, que busca un contacto directo entre las propias víctimas, ciudadanos, familiares y medios de comunicación. La meta es que registren los 27 mil desaparecidos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados. La propia Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la base de datos de las personas reportadas como desaparecidas en México, y la cifra oficial al 27 de febrero de este año ascendía a 26 mil 121. Para registrar un caso en el mapa los encargados del sitio https://desapariciones.
La crisis de la desaparición en México es un fenómeno que no se ha detenido a pesar del cambio de gobierno. Hasta el momento, el mapa ciudadano lleva registrados 3666 casos, de los cuales 3382 están bajo la categoría de desaparición general; 1274 de mujeres, niñas y niños; cuatro de periodistas y 150 en desaparición forzada, que es cuando una persona es secuestrada a manos de elementos del Estado, generalmente por motivos políticos y represión de movimientos sociales.
A raíz de la ola de desapariciones y la falta de acción y voluntad política del Estado mexicano, la sociedad civil se ha visto orillada a organizarse y a tener iniciativas por cuenta propia para dar con el paradero de sus seres queridos. Entre estos grupos surgió FUUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila), en el norteño estado de Coahuila, una de las entidades del país que se ha visto más azotada por la violencia y la inseguridad a raíz de la lucha contra el crimen organizado.
Específicamente en Coahuila el patrón de desaparecidos ha cambiado, de acuerdo a Jorge Verástegui, uno de los fundadores de FUUNDEC. De 2009 a 2011 la mayor parte de las personas extraviadas eran hombres de entre 18 y 34 años con condiciones físicas óptimas para trabajar, sustraídos mientras estaban en tránsito y generalmente en grupos grandes de entre 12 y 24 personas. Sin embargo, desde 2012 las desapariciones han sido más individuales y abarcan desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores, además de muchas mujeres –estos últimos casos han aumentado hasta en un 60%-.
Desaparición, trata y migrantes
La directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, denunció en marzo de este año que en México desaparecen tres personas por día. Muchas de ellas son secuestradas con fines de trata de personas y explotación sexual, otro duro crimen que ha repuntado durante los últimos años en México, que se ha convertido en el tercer país de Latinoamérica en trata de personas, y 70% de estos casos están ligados al crimen organizado.
Los extranjeros también se han visto directamente golpeados por la inseguridad, especialmente los centroamericanos que migran sin documentos y tienen que atravesar todo México a bordo del tren de carga, conocido como “La Bestia”, para llegar a Estados Unidos y buscar mejores condiciones de vida. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos han denunciado la desaparición de alrededor de 70 mil migrantes en el país desde 2006, el mismo año del inicio de la lucha contra el narcotráfico. Este fenómeno que ha afectado directamente también a otros países ha generado movilizaciones internacionales, como la “Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desparecidos en tránsito por México”: en 2012, 60 madres de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador recorrieron 14 estados de la República por tres semanas, preguntando y buscando incansablemente a sus hijos que también fueron devorados por la violencia mexicana.
Estado mexicano, perpetrador de crímenes de lesa humanidad
Un crimen de lesa humanidad es un acto cometido directamente contra la especie humana, comprendido como un acto inhumano. El Artículo 7 del Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, la desaparición forzada, el apartheid y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Desaparición, desplazados internos y genocidio son algunos de los fenómenos que comprenden este tipo de actos, generalmente en el marco de un conflicto armado y problemas sociales como golpes de Estado. En específico, la desaparición forzada es definida como “entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”
El Estado mexicano ha incurrido en estas conductas repetidamente, las cuales han sido expuestas y denunciadas a lo largo de los últimos años por familiares de desaparecidos, activistas y periodistas, y no sólo eso, sino que ha tomado una actitud represora contra todos los que alzan la voz y exigen justicia.
Uno de los casos más emblemáticos y recientes es el de Julia Alonso, quien el primero de agosto de 2013 inició un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, exigiendo conocer el paradero de su hijo Julio Alberto, secuestrado junto con otros tres jóvenes en Santiago, en el estado de Nuevo León, en 2008, cuando fue de vacaciones para practicar deportes acuáticos.
La madre de Julio lleva ya media década investigando sin obtener resultados. En octubre de 2012 hizo una huelga de hambre durante diez días, misma que terminó cuando las autoridades de la administración federal de Felipe Calderón hicieron el compromiso de investigar el secuestro de su hijo; en esta ocasión, elementos de la Policía Federal llegaron al edificio gubernamental el dos de agosto e hicieron un fuerte operativo a su alrededor para evitar que Julia se acercara.
En noviembre de 2011, el abogado Netzai Sandoval impulsó una demanda contra el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como contra los Secretarios de Marina, Ejército, Seguridad Pública y el narcotraficante líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, acusándolos de crímenes de lesa humanidad como tortura, desplazamiento, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados. La iniciativa fue respaldada con poco más de 23 mil firmas y enviada a la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos.
La iniciativa de #PorTodosLosDesaparecidos ha servido también para conectar a organizaciones, colectivos y personas de la sociedad civil en general que están hartos de la situación que se vive en el país. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés)., FUUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México) y NAR (Nuestra Aparente Rendición) se han acercado a los promotores de la iniciativa, creando vínculos de cooperación para conseguir que se complete el registro y la memoria viva, que no se olviden los que faltan, que se haga justicia.
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