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Consejo de Seguridad de Naciones Unidas concluye informe sobre Burundi, pero observadores de derechos humanos siguen preocupados

Hay “motivos para creer” que las violaciones de derechos humanos continúan

Doudou Diene (derecha) Presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Lucy Asuagbor (centro) y Françoise Hampson (izquierda) miembros de la Comisión de Investigación sobre Burundi presentan su informe en el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 12 de marzo de 2019. Foto ONU / Jean Marc Ferré. Flickr/ ONU Ginebra (CC BY-NC-ND 2.0).

En dicembre de 220, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió poner fin a los informes específicos sobre Burundi. El Consejo observó una mejora en la seguridad y “elecciones ampliamente pacíficas”, aunque todavía tiene preocupaciones sobre los derechos y el espacio democrático.

En 2016, la Resolución 2303 pidió al Secretario General de Naciones Unidas que informara regularmente, por la crisis política que rodea a la controvertida tercera elección del expresidente Pierre Nkurunziza en 2015.

Burundi ha figurado a menudo en el programa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para vigilar la paz y la seguridad internacionales desde que comenzó la guerra civil en 1993. Terminó en 2005, cuando el actual partido gobernante, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia, (CNDD-FDD) ganó las elecciones; Nkurunziza fue presidente hasta su inesperada muerte a principios de 2020.

Un comunicado del actual presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, lo acogió “con alegría”. El presidente Ndayishimiye, en el cargo desde junio, ha dicho que esta vigilancia fue motivada por algunos Gobiernos que buscan la influencia geopolítica e insiste en que el país es pacífico.

En Bujumbura, hubo manifestaciones de celebración, aunque SOS Médias Burundi informó que algunas personas dijeron que se les presionó para que asistieran.

¡Qué gran manera de terminar 2020! El retiro de Burundi del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un simple hecho, es histórico y una gran victoria de Burundi, de Naciones Unidas y de los amigos de Burundi.

Muchos en Burundi fueron escépticos de la noticia y algunos opositores se sintieron desconcertados.

Louis Charbonneau de Human Rights Watch dijo que las reuniones del Consejo de Seguridad sobre Burundi se volvieron “cada vez más polémicas e irregulares, y Burundi y sus aliados en el Consejo trataban de anular el tan necesario escrutinio”.

HRW dijo que Naciones Unidas debería ahora “informar en detalle sobre la situación de los derechos humanos, humanitaria y de seguridad” para sus reuniones regionales, para evitar que se le deje de lado.

El analista Thierry Vircoulon dijo que la medida reflejaba la falta de influencia de Naciones Unidas, pero también era escéptico de que ser más complaciente con el nuevo gobierno trajera cambios concretos.

El Gobierno de Burundi ha bloqueado esencialmente los intentos internacionales de supervisar o mediar desde 2015, en particular el estancamiento del diálogo con los opositores en el exilio, con la mediación de la Comunidad de África Oriental. La investigadora Carina Tertsakian dijo que la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era lamentable, pero que había hecho prácticamente poco durante varios años debido a las divisiones internacionales.

La decisión se tomó después del informe de noviembre del Secretario General de Naciones Unidas, menos crítico que otros, que sugería diálogo dentro de Burundi. El Gobierno previamente llevó a cabo sus propias sesiones de diálogo, como alternativa a la mediación regional, que el Grupo de Crisis Internacional criticó como una “farsa”, y que repite posiciones oficiales.

Sin embargo, el gobierno rechazó la recomendación del informe de extender la presencia de la oficina del Enviado Especial de Naciones Unidas en Burundi, que acabará en 2021. La oficina pretendía facilitar el diálogo entre el Gobierno y los opositores después de la crisis de 2015, pero los funcionarios dijeron que ya era “obsoleta”.

Los funcionarios quieren dejar atrás definitivamente la crisis de 2015. El ministro de Asuntos Exteriores, Albert Shingiro, dijo que la presencia de Naciones Unidas no debería tener un “carácter político”, y que solo se refiere a asuntos como el desarrollo económico. Las relaciones con las instituciones internacionales han sido tensas durante años, y los funcionarios a menudo desestiman las críticas como una interferencia imperialista.

La Oficina de Naciones Unidas en Burundi cerró en 2014, y la oficina del organismo de derechos humanos de Naciones Unidas se cerró en 2019. Burundi dejó la Corte Penal Internacional después de que ésta conenzó a investigar los abusos de derechos en 2017.

Ganancias diplomáticas

La eliminación de Burundi del programa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es útil para que los funcionarios argumenten que el país está ahora en paz, y para dejar sin efecto las suspensiones de ayuda, dados sus graves problemas económicos desde 2015, con 1,7 millones de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria.

El nuevo gobierno ha tenido otros logros diplomáticos. La Organización Internacional de la Francofonía levantó las sanciones posteriores a 2015. El presidente Ndayishimiye se reunió con representantes de la Unión Europea –que aplicó las sanciones posteriores a 2015– y dijo que se había reanudado el diálogo de alto nivel. También ha habido intercambios con las autoridades rwandesas, tras años de tensiones.

Ndayishimiye hace hincapié en el fortalecimiento de los vínculos con África, y en noviembre visitó Guinea Ecuatorial, y luego Gabón, para una reunión de la Comunidad Económica de Estados del África Central. Se trata de una diplomacia notablemente más activa que la de su predecesor. Tras el fallido golpe de Estado de 2015, Nkurunziza solo salió una vez de Burundi, brevemente a través de la frontera de Tanzanía, donde Ndayishimiye también hizo su primera visita oficial al extranjero.

Graves violaciones de derechos humanos

El informe anual de la Comisión Investigadora de Naciones Unidas (UNCOI) de septiembre, fue más crítico que el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No observó mejoras, afirmó que todavía tiene “motivos razonables para creer” que se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, en particular durante las elecciones contra el principal partido opositor, el Congreso Nacional para la Libertad.

Los abusos fueron cometidos principalmente por miembros de Imbonerakure, jóvenes que representaban al partido gobernante, “que actúan como fuerzas de seguridad”, funcionarios locales y agentes de inteligencia. Los analistas de Naciones Unidas advirtieron que Imbonerakure se asemejaba a una milicia incluso antes de 2015, y el Grupo Internacional de Crisis señaló que “seguían planteando amenazas” a los civiles.

El 6 de octubre se renovó el mandato de un año de la comisión, establecida en 2016, como pidieron varias organizaciones de la sociedad civil.

Preocupación por los derechos

Desde las elecciones de mayo, el periódico Iwacu informó sobre la calma entre los diferentes partidos en algunas comunas, aunque los líderes de la oposición desconfiaban de los resultados de las elecciones. Han regresado muchos más refugiados, aunque hay informes de presiones para que regresen de Tanzania, donde muchos burundianos se encuentran en campos de refugiados.

Mientras continúa la vida cotidiana, los informes describen el peligro de oponerse al Gobierno o de resistir a los negociados locales, como las “contribuciones” financieras forzadas. Recientemente, 89 organizaciones de la sociedad civil burundesa e internacional pidieron la liberación de los activistas encarcelados.

La Coalición de Burundi de Defensores de los Derechos Humanos, de la que varias organizaciones miembros están prohibidas en Burundi, publicó un informe condenatorio en diciembre. Se informaba de muchas desapariciones forzadas y de cadáveres abandonados –a menudo enterrados sin investigar– y se pedía a las autoridades que pusieran fin a los abusos “casi diarios”, especialmente contra la oposición y los exsoldados. También describía la corrupción generalizada y el acoso a los sindicalistas.

Sin embargo, esas denuncias fueron rechazadas por Folucon F, organización de la sociedad civil de Burundi, y dijo que reinaba la paz

El informe de la Iniciativa de Derechos Humanos de Burundi, “Un dominio en el futuro de Burundi”, dice que hubo menos abusos por parte de Imbonerakure tras la toma de mando de Ndayishimiye, lo que demuestra lo que se podría lograr con voluntad desde las altas esferas. Pero “apenas dos meses después, los Imbonerakure volvieron a sus antiguas costumbres, con detenciones y ataques a presuntos opositores”, en particular después de los ataques de los grupos armados en septiembre y octubre.

Señaló la continua influencia de los militares de línea dura, algunos de los cuales ocupaban puestos de poder como el primer ministro, Alain-Guillaume Bunyoni, lo que decepcionó las esperanzas de reformas en materia de derechos humanos.

El informe recomendó:

Por último, pero no menos importante, por favor también echa un vistazo a las recomendaciones de nuestro reciente informe.

Para el Gobierno de Burundi: Hacer que los funcionarios del partido y del Gobierno rindan cuentas, contener a Imbonerakure, liberar a los activistas

A los grupos armados: detener los abusos contra los civiles.
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A alt=”🌍” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> alt=”🇺” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> alt=”🇳🇺” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> alt=”🇸” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> alt=”🇪🇺” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Denunciar las violaciones de los derechos humanos, abogar por la liberación de los activistas, no financiar directamente a los violadores, reunirse con los altos funcionarios.

A alt=”🇹🇿” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>: presionar para prevenir las violaciones de los derechos humanos y promover reformas a largo plazo.

Un diplomático dijo a RFI que el gobierno de Ndayishimiye está tratando de “mejorar” el sistema controlado por el partido gobernante, CNDD-FDD –al menos en apariencia– en lugar de reformarlo fundamentalmente.

Por ejemplo, hubo algunos enjuiciamientos por corrupción, pero a niveles inferiores. La impunidad por delitos graves y la detención arbitraria continúan, por ejemplo, el activista Germain Rukuki sigue en prisión; la desaparición forzada del periodista Jean Bigirimana sigue sin investigarse; y Fabien Banciryanino, exparlamentario opositor, fue arrestado.

Más positivamente, cuatro periodistas de Iwacu fueron liberados de prisión gracias a un indulto presidencial el 23 de diciembre. Fueron detenidos en octubre de 2019 por motivos de seguridad tras informar sobre un ataque armado. El indulto no reconoció las críticas sobre la detención arbitraria y los defectos del juicio. Sin embargo, el fundador de Iwacu, Antoine Kaburahe, esperaba que pudiera marcar un futuro mejor para la libertad de medios.

Fundamentalmente, el control del CNDD-FDD sobre las instituciones, y de los militares de línea dura, continúa con una débil oposición. Mientras tanto, el nuevo gobierno ha logrado algunos éxitos diplomáticos, lo que puede ser una señal de la continua falta de voluntad política internacional para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos denunciadas.

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Publicado originalmente en: Global Voices (Creative Commons)
Por: Gabriela Garcia Calderon Orbe el día 8 January, 2021