AMLO tuvo contacto con el narco: García Luna

Ayer se dio a conocer la carta en la que AMLO es mencionado por García Luna, el ex hombre fuerte de Calderón no presenta prubas, pero refiere que están en poder del juzgado de Nueva York.

La carta describe el arresto y juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, donde acusa al gobierno mexicano y a testigos criminales de haber presentado información falsa en su contra. Afirma que, a pesar de las acusaciones relacionadas con el narcotráfico, no se presentaron pruebas concretas (como documentos, videos o registros financieros) que lo incriminen. García Luna sostiene que tanto en México como en Estados Unidos se ha comprobado la legitimidad de su patrimonio.

Respecto al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la carta señala que existen registros oficiales que muestran vínculos entre él, sus operadores, y líderes del narcotráfico. Menciona contactos y reuniones entre el presidente y capos, sugiriendo que estos narcotraficantes fueron utilizados como testigos en su contra. Incluso se menciona la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, quien habría declarado sobre los supuestos vínculos del gobierno mexicano con el narcotráfico.

Transcripción de la carta de Genaro García Luna:

En diciembre de 2019, fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento donde me encontraba, en la calle 12 de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York, con la condición de que me inculpara en delitos vinculados (sic) al narcotráfico. A cambio, estaría detenido por poco tiempo (seis meses) y recibiría beneficios económicos. De esta forma, me convertirían en testigo, según la instrucción del gobierno de México. No se perseguiría a delincuentes-narcotraficantes (sic), pero si hubiera sido así, no era necesaria mi detención. He combatido el crimen en sus escalas más altas durante toda mi carrera profesional. La perspectiva era incriminar a personas e instituciones que, en el corto plazo, debilitarían el desarrollo político e institucional del país. Firmemente no acepté, y la reacción fue explosiva.

En febrero de 2023 fui a juicio. Como es de conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que se me imputaban, esencialmente delitos (sic) relacionados con el narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica (sic), documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias, ni registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México.

Incluso, sobre el supuesto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró meses, el juez responsable de mi caso, en la corte de Brooklyn, NY, resolvió, en respuesta a una moción hecha por la defensa, la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los que se me acusaba.

De igual forma, en México, un tribunal colegiado del poder judicial resolvió, en octubre de 2023 (después del juicio), que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en mi patrimonio previo al año 2012. Durante más de 20 años me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos como en México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay un solo peso vinculado al narcotráfico.

Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que se me imputaban fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y las declaraciones de testigos con antecedentes criminales reconocidos y delincuentes (sic) de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico, que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que escaparan, y extraditados en el mismo periodo de tiempo en que fui Secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narcotráfico.

La información falsa proporcionada por el gobierno de México y las declaraciones contradictorias de los testigos fueron completamente desacreditadas con evidencias, pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del poder judicial en Estados Unidos y México. No se pudo negar la legitimidad y existencia de las pruebas que desmentían las falsas declaraciones de los testigos, y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales (sic).

El único testigo honorable utilizado por la fiscalía en el juicio fue el embajador de Estados Unidos en México, quien ratificó que yo era una persona “clave” del gobierno de México en el combate al narcotráfico, y que en las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, no había recibido ningún informe que indicara que yo era corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico, señalando que, si tal evidencia hubiera existido, él tendría que haber sido informado, y eso nunca ocurrió. Desacreditando así las declaraciones de los testigos-criminales (sic).

Es de conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestiones entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias; en paralelo con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes incluso durante el proceso implicaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico.

Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada. En la declaración emitida por él, señaló los vínculos del actual gobierno con el narcotráfico, la postura del gobierno de México ante la captura de capos, y el desmantelamiento del poder judicial en México. Los principales beneficiarios de esta corrupción han sido los criminales, y ha quedado demostrado con la reciente suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos.

He estado detenido en el MDC de Brooklyn, NY, por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año en las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o reglamento y sin tener un historial de mal comportamiento.

En dos ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de dos mil horas (sic), tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito. En la primera ocasión, el juez ordenó una auditoría para analizar las pruebas y testimonios de los testigos, y ordenó que se entregaran los audios que la fiscalía señalaba como pruebas, con una transcripción. Después de que la corte corroboró y revisó las pruebas, decidió desecharlas, junto con los testimonios.

En la segunda ocasión, el fiscal repitió el mismo procedimiento, pero esta vez no se ordenó ninguna auditoría para analizar las pruebas y testimonios de los testigos, y no se solicitaron los audios. En consecuencia, no se corroboraron ni verificaron las supuestas pruebas, testimonios ni audios. Con estas condiciones, se decidió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio.

En estas circunstancias: sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales, y con la absoluta decisión de las autoridades de no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acreditaba que era falsa, se llevará a cabo la sentencia.

La sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de Estados Unidos a través del recurso jurídico de apelación, instancia responsable de asegurar el estricto derecho y legalidad del juicio.

Donde esté, el bien superior es la patria, los mexicanos y la verdad. Soy una persona que respeta la ley, y seguiré, bajo la conducción de mis abogados, agotando todos los recursos legales que permite la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito.

Genaro García Luna

P.D. Todos los respaldos y existencia de la información referida en el texto están en los registros oficiales de la corte…