Hace ya un par de años que España pasó de ser un país de espaldas a la realidad del cambio climático a ser un modelo de transición ecológica y económica para el mundo.
Fernando Valladares, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
Fundación Europea para el Clima
El plan de transición ecológica presentado el año pasado era el mejor de Europa, según la evaluación de la Fundación Europea para el Clima. El segundo puesto corresponde a Francia y, paradójicamente, países emblemáticos como Alemania quedan en las peores posiciones de esta evaluación.
Pero aquel cambio radical de rumbo quedó sin cristalizar: la inestabilidad política de nuestro país impidió la aprobación en su momento de la ley de cambio climático.
La ley que nunca llega
La medida llevaba ya un año siendo revisada por distintos grupos de expertos, había superado casi todas las barreras de la oposición y se enriqueció con las numerosas aportaciones en la fase de información pública de finales de 2018. Pero las elecciones se adelantaron y hasta se repitieron en 2019 y la ley pasó de estar casi aprobada a quedarse en un cajón.
El nuevo Gobierno de coalición acaba de sacarla de ese cajón para meterla literalmente en “la recta final” de su tramitación administrativa. Esperemos que esta vez nada se cruce en su camino, porque es el marco fundamental sobre el que tejer políticas y estrategias de sostenibilidad y de mitigación y adaptación al cambio climático.
Recordemos que la Comisión Mixta para el estudio del cambio climático recomendó al Gobierno ya en el año 2011 elaborar un anteproyecto de ley. Ahora, y antes de entregarlo al Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria, el nuevo texto será revisado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Estado.
Mantengamos los dedos cruzados. Un nuevo retraso ahora, tras la cumbre del clima en Madrid (COP 25) y la presión social generada, sería inconcebible.
Objetivos para 2030 y 2050
El anteproyecto de ley, alineado con el Pacto Verde europeo, responde a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y se plantea como un marco de estabilidad y certidumbre de cara a la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española.
Los diferentes artículos que lo componen buscan facilitar una transformación profunda del país que debe ser aprovechada para ganar prosperidad, empleo, innovación, desarrollo tecnológico, seguridad y justicia social.
La transición ecológica, económica y energética debe ser justa. Para ello se refuerza la participación de las comunidades autónomas y se plantean convenios con el objetivo de fomentar la actividad económica y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en la transición hacia un desarrollo bajo en carbón.
Esta transición parte con dos fechas clave para su desarrollo: los años 2030 y 2050.
Se establecen como objetivos para 2030 generar el 70 % de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35 % del consumo final de energía proviene de renovables, y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35 % respecto a la actualidad.
Este esfuerzo de España para reducir emisiones durante la próxima década, para situarse en la senda de la neutralidad en carbono, debe culminar en 2050. Antes de ese año, y de acuerdo con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser ya 100 % renovable.
Para lograr las metas de neutralidad climática se amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, que nunca será inferior al 20 %. Se refuerza la financiación para investigación, desarrollo e innovación sobre el cambio climático y la transición energética.
Medidas de adaptación al calentamiento global
La nueva versión de la ley desarrolla aspectos inéditos como la gobernanza y la participación pública y contiene medidas reforzadas de adaptación al cambio climático. En este sentido, aborda cuestiones concretas, urgentes e importantes como:
Planificación y gestión del desarrollo urbano, edificación e infraestructuras del transporte.
Protección de la biodiversidad frente al calentamiento global.
Gestión forestal sostenible y desarrollo rural.
Planificación y gestión sostenible del agua y de la costa.
Atención especial a la seguridad alimentaria, con medidas clave para reducir los riesgos alimentarios asociados al cambio climático.
La transición ecológica se apoya en el desarrollo de las energías renovables como no podía ser de otra manera. En esta línea, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3 000 MW de instalaciones renovables a partir de 2021.
Destaca el énfasis puesto en reducir las emisiones ligadas al transporte, que suponen casi una tercera parte de las emisiones totales de España. Se centra en el tráfico por carretera, que por si solo genera un 25 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Un tercio de las emisiones por tráfico se producen en las zonas urbanas, generando, además, importantes problemas de salud. Por ello se impone en el nuevo borrador la obligatoriedad para los municipios de más de 50 000 habitantes y los territorios insulares de establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023.
Por otro lado, se imponen fuertes limitaciones a discontinuar zonas de bajas emisiones ya existentes, como sucedió con el intento de desmantelamiento de Madrid Central.
Movilidad eléctrica
La nueva ley impulsa el uso de la energía eléctrica en general y del vehículo eléctrico en particular. Con vistas a una movilidad sostenible, se insta a todas las administraciones a alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂.
Se plantea un detallado programa para favorecer el uso del vehículo eléctrico con medidas como las siguientes:
La creación de una plataforma de información sobre puntos de recarga.
La obligación de instalar puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes.
La obligación de instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua (para que la recarga del vehículo sea rápida) en el 9 % de las gasolineras. En todas aquellas con un volumen de ventas superior a los 5 millones de litros de gasóleo y gasolina, capaces por tanto de hacer frente a la inversión necesaria.
La ansiada y ambiciosa ley de cambio climático no viene sola. Además de una necesaria coordinación entre los distintos ministerios y administraciones públicas, el Gobierno cuenta ya con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
Este plan ha integrado las recomendaciones que hizo la Comisión Europea a un borrador anterior y requiere ahora de un proceso de información pública del Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC.
La ley de cambio climático no es suficiente pero es necesaria. Su nueva tramitación, que esperamos que esta vez culmine en su aprobación, implica muchos pequeños pasos para un importante viaje. Un viaje en el que todos nos vamos a embarcar, con mayor o menor determinación, con ley o sin ella, para cambiar nuestra relación con el planeta.
Fernando Valladares, Profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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