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Desde el primer minuto de hoy 29 de julio, el estado de Arizona tiene nueva ley. La polémica SB 1070 ha entrado en vigor, aunque llega muy debilitada gracias a una decisión de última hora de una juez federal, que bloqueó partes esenciales que verían como criminales a inmigrantes indocumentados.

Ayer, mientras los cuerpos policíacos del desértico estado que colinda con México se preparaba para aplicar las nuevas medidas, incluso en contra de su voluntad, la Juez Federal Susan Bolton determinó que la policía no tiene facultades para verificar situación migratoria ni arrestar sin orden judicial a presuntos delincuentes.

Así mismo, la nueva ley entra en vigor sin convertir en criminales a quienes piden trabajo en la vía pública, como se pretendía.

Y es que en muchas ciudades de Estados Unidos es común ver a plena luz del día los llamados jornaleros, por lo general hombres de procedencia latina que esperan en las aceras a que los levanten contratistas o particulares que les pagan precisamente por jornada, lo cual da pie a un sinfín de atropellos, pero esa es harina de otro costal.

La cláusula que quedó pendiente se refiere a la obligatoriedad de que todo residente o visitante en Arizona deba portar documentos oficiales que demuestren su estancia legal en Estados Unidos.

Pero ya sin la parte que obligaba a los policías a detener a personas con “sospecha razonable” de ser indocumentados, los latinos de Arizona están más tranquilos.

El único punto, de los temidos por los hispanos en Arizona, que sí será aplicado por la policía estatal, se refiere al transporte y albergue de indocumentados, acciones que serán ilegales y que pueden llevar a  la cárcel a quien las practique.

En conjunto, la medida Bolton fue recibida con júbilo por opositores al documento, quienes ultimaban ayer detalles de marchas en diferentes ciudades de Arizona en protesta por la entrada en vigor de la ley que, dentro y fuera de Estados Unidos, se ha visto como anticonstitucional, por considerar que viola derechos humanos.

Pero la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que la decisión de la Juez Federal es tan sólo un obstáculo en el camino, y que pronto anunciará las medias a tomar para defender la aplicación íntegra de esta ley.

Por su parte, el popular y polémico alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por sus redadas antiinmigrantes, dijo que las cosas no cambian para él, y que seguirá buscando indocumentados para enviarlos fuera de Estados Unidos.

Tanta promoción, a favor y en contra, ha recibido la llamada Ley Antiinmigrante de Arizona, que incluso muchos hispanos nacidos en este país decidieron mudarse a otros estados, aduciendo que “el daño ya está hecho”, porque los vecinos anglos que antes los saludaban, les retiraron el saludo ante el temor de ser detenidos por la policía por entablar comunicación con extranjeros sin saber si están legalmente en Estados Unidos.

A ese grado han llegado las cosas, y es que así como la inmigración ilegal tiene férreos detractores, cuenta también con fervientes defensores, y ambas partes han vivido enfrentadas por meses, en un estira y afloja al que incluso le entró el mismísimo Presidente Barack Obama, pero sólo verbalmente, y no metiendo las manos para frenar la aplicación de la SB 1070.

Hasta que la Juez Bolton puso en papel lo que muchos actores políticos y civiles gritaban a los cuatro vientos: la inconstitucionalidad de la ley, ya que el tema migratorio compete exclusivamente a la autoridad federal.

Así que desde hoy es un delito transportar al amigo o familiar que no cuente con un estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Arizona sin latinos

Ante la incertidumbre de ser detenidos por las autoridades estatales o municipales sólo por su aspecto de extranjeros y tan pronto como la Gobernadora de Arizona firmó la Ley, miles de latinos emprendieron la retirada, buscando nuevos horizontes en Estados Unidos o regresando a sus países de origen.

Familias enteras salieron en caravanas masivas hacia estados vecinos como Nuevo México, Utah y California, abandonando incluso sus casas y demás bienes conseguidos con años y hasta décadas de trabajo en Estados Unidos.

Varias ciudades importantes de la Unión Americana, como Los Ángeles y Austin, cancelaron multimillonarios contratos con prestadores de servicios de Arizona, pero la Gobernadora dijo que eso no afectaba la economía del Estado.

Aunque la historia vista de cerca es otra: los comerciantes de Arizona se quejan de la drástica caída en las ventas, sobre todo en los negocios dirigidos a la comunidad hispana.

Y la vivienda es otro de los rubros seriamente afectados, lo que ha obligado a administradores de apartamentos a bajar sus tarifas hasta en 50 por ciento, así como los vendedores de casas, que se quejan de una caída sin precedentes en sus ventas.

Pero aun así, la Gobernadora de Arizona dijo que apelará la decisión de la Juez Bolton, lo cual empezaría un litigio que, de acuerdo a analistas legales, podría tardar más de tres años, hasta llegar a las Cortes Federales de Apelaciones, donde se daría la última palabra.

Este 29 de julio ha sido muy esperado por al menos otros 18 de los 50 estados que forman Estados Unidos, ya que tienen en puerta la propuesta de leyes similares a la de Arizona, para evitar la presencia de inmigrantes indocumentados en sus territorios.

Muchos están felices y más tranquilos, luego de que la ley entra en vigor un tanto debilitada, pero coinciden en que lo que traerá la serenidad completa es una reforma migratoria que salga de la Casa Blanca. Sin embargo Obama, que pertenece al Partido Demócrata, se tarda alegando la falta de apoyo de los Republicanos.

Más bien parece que el tema migratorio le resulta tan espinoso a este primer presidente negro de Estados Unidos, quien tiene una tía paterna que el año pasado todavía vivía ilegalmente en este país.

Pero ahí viene noviembre, mes de elecciones.

Arizona reporta que desde que se firmó en abril la Ley SB 1070, unos 2 millones 700 mil hispanos se han registrado para votar, gracias al esfuerzo de tantas organizaciones civiles que coinciden en que para cambiar las cosas hay que hacerse escuchar a través del instrumento más importante, silencioso y determinante: el voto.

Mary Ávila es mexicana, ha sido reportera durante muchos años y es Doctora en Periodismo. Ahora vive en Houston, Texas, desde donde continúa ejerciendo su profesión esta vez como participante en el proyecto Reporteras de Guardia.

Foto: Reporteras de Guardia