Majo Síscar. Publicado originalmente por Periodismo Humano. (CC)
Cándido Trujillo vive de y por los animales. Ahora sólo le quedan una sesentena entre cabras, vacas, caballos y hasta un burro. Pero antes tenía cerca de 200. Ya no hay terrenos donde pastorearlos. Su pueblo, San Salvador Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc, ha perdido más de 2.300 hectáreas de tierras comunales desde que él era pequeño.
“Antes era muy poco el alimento que tenía que comprar, un poco en la temporada seca sólo. Pero ahora, al no poder sembrar pasto ni tener tanto terreno, ya no sale”, cuenta resignado Trujillo. Es uno de los pocos campesinos que siguen viviendo exclusivamente del campo en su comunidad. Ahora para defender su modo de vida se ha construido una casita en uno de los pocos terrenos que les quedan y que está amenazado de ser expropiado.
San Salvador Chachapa, una comunidad de origen nahuatl, está en la conurbación de Puebla, una de las principales ciudades industriales de los alrededores del Distrito Federal, y no solo ha sido absorbida por la mancha urbana, sino que en el último siglo ha sufrido un largo proceso de despojo de tierras amparado por el gobierno. El conflicto se remonta a los años 40, cuando Cándido aún no tenía conciencia. Su pueblo tenía cerca de 2.500 hectáreas de tierras comunales, fruto de una concesión real en la época de la colonia y ratificadas por la reforma agraria impulsada en la Revolución Mexicana, cuyo máximo logro fue el reconocimiento legal de las tierras comunales de los campesinos. Pero en los 40, un alemán adinerado, Ernest Feldmann se asentó en el pueblo y con el permiso de las autoridades, estableció una hacienda en los terrenos de Chachapa. “El alcalde decidió que el pueblo no las necesitaba y se las ofreció a los Feldmann, que aunque no tenía dinero para pagárnoslas, le dijo pues agárrelas”, cuenta a Periodismo Humano otro de los viejos del pueblo. Sin embargo, los oriundos se opusieron y empezaron un proceso penal que acabó en la Suprema Corte de Justicia, que en 1949 ratificó la propiedad comunal de las tierras. No obstante, la resolución no tuvo efecto y los Feldmann siguieron adueñándose progresivamente de más y más tierras.
En los 60, con el crecimiento de la comunidad, los vecinos del pueblo necesitaban más terreno donde sembrar y pacer su ganado y empezaron a organizarse para recuperar sus tierras. Era un momento de agitación política a nivel nacional y muchos obreros de los nuevos barrios industriales de Puebla se sumaron a la lucha de Chachapa. Honorina Martínez recuerda cómo llegaban con autobuses pagados por la Universidad Autónoma de Puebla a apoyar al municipio. “Veníamos con doña Genoveva -una líder popular de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos- que ayudaba a toda la gente que la necesitaba sin ningún interés. ‘Hay que unirse contra los ricos’, decía”, cuenta Martínez con una sonrisa. Tanto se implicaron, que finalmente ella y su marido acabaron mudándose a Chachapa y ahora es parte activa de la comunidad. Entre los 60 y los 80, los comuneros radicalizaron su lucha, hasta tomar la hacienda de Feldmann y enfrentarse con palos contra el Ejército. La osadía la pagaron cara. Paramilitares y autoridades mataron a 13 personas y encarcelaron otras tantas. Hasta que en 1986 tuvieron que sentarse a negociar o metían a la prisión a la líder, Genoveva Sánchez. Ese año Chachapa cedió 664 hectáreas más al Gobierno para una supuesta reserva natural a cambio de algunas infraestructuras en el casco urbano, unos pozos de agua y el pavimentado público. Y sobretodo, a cambio de quedarse callados y dejar de reclamar. Aunque eso no estaba firmado en el contrato, la represión y la concesión tuvo su efecto, y el pueblo se desmovilizó. Desde entonces el Gobierno les ha ido expropiando paulatinamente más terrenos, unas veces para construir carreteras, otras para oleoductos y plantas de Petróleos Mexicanos -la empresa estatal de crudo-, otras para urbanizar. La última, en 2008, les arrancaron 34 hectáreas más sin avisar. Tan solo recorrieron la barda, que separa sus tierras de la Reserva Natural.
l. Ahora sólo les quedan poco más de 150 hectáreas.
“Descuidamos los terrenos más lejanos y por ese descuido se adueñó de ellos este extranjero, pero para ello tuvo el amparo del Partido Revolucionario Institucional –que gobernó México más de 80 años- que manejaba todos los niveles del gobierno y lo arropó. Así, aunque el pueblo luchó, siempre se usó el Ejército y la policía para reprimirlo. El gobierno ha hecho abusos y queremos que se aclarezcan. Queremos un cambio, que se apoye a los campesinos”, explica enardecido a Periodismo Humano José Agustín Maquino, uno de los jóvenes de la comunidad que está impulsando las nuevas movilizaciones. Los comuneros de Chachapa se han hartado, especialmente al ver como el gobierno ha hecho negocio con las tierras que les expropiaron con presiones. En las 664 hectáreas que cedieron y que ahora componen el Parque Estatal Flor del Bosque inauguraron en mayo una Academia de policía financiada por la Iniciativa Mérida, un tratado de seguridad entre EEUU y México firmado en 2008, con la excusa de combatir el narcotráfico. Por este Plan el gobierno mexicano ya ha recibido cerca de 1.400 millones de dólares en equipo militar, tecnología y asesoría en técnicas de combate antiterrorista, que contemplan la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Además, el Parque revalorizó los terrenos que ya tenía en usufructo la familia Feldmann, que ha construido un residencial de lujo junto a la Reserva. ‘Haras, Ciudad Ecológica’ es una urbanización de alto standing donde se pueden comprar terrenos para construir casas unifamiliares desde 25o m2 por 25.000 mil dólares hasta 800 mil dólares por quintas ecuestres de 10 hectáreas. En la web corporativa, el residencial hace alarde de la buena conservación de este territorio, “gracias a que hace más de 80 años la familia Feldmann inició la difícil tarea de conservar una de las zonas boscosas más grande en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla”. Y en memoria de ello, le dedican un puente en el Residencial.
En realidad, las únicas condiciones de construcción que impone el residencial para calificarse como “ecológico” es construir una fosa séptica para las aguas grises y negras, y algunos materiales. Con esto, la indignación de Chachapa ha ido en aumento. “Ya está en marcha la academia y el campo de tiro, lo que se supone que iba a ser una reserva es un residencial tasada en miles de dólares, y ¿nosotros?”, espeta otro comunero.
“Ha hecho muchas irregularidades, para el puro provecho de ellos, con la excusa que nuestras escrituras son apócrifas, pero vamos a seguir peleando”, subraya Maquino. Por ello han pedido una copia apostillada de la Cédula Real original a España. Y están presionando por la vía legal para sentarse a dialogar con el gobierno del Estado, que este año, por primera vez en un siglo, cambió de color político. “Si tuviéramos esa cédula echamos para atrás lo que nos ha quitado el gobierno o si no, que nos indemnicen o que nos den terreno en otros lados, para que a los campesinos se les recompense de alguna forma”, explica Maquino, el encargado de hacer los trámites con los abogados. Pero de momento, les quedan 150 hectáreas que no están dispuestos a perder. Y por eso desde este verano han empezado a construir casas en sus propios terrenos de pasturaje, porque la ley mexicana reconoce la propiedad de las tierras a los que las habitan, después de ciertos tiempo de permanecer allí. “O le entrábamos a defender esto que queda o ya nos lo van a quitar”, resume Maquino. Aunque los cuartuchos van proliferando, son pocos los que viven allí diario. Cándido Trujillo es uno de ellos, pues allí tiene a los animales a mano. “Yo aquí estoy de maravilla, tengo los animales sueltos, la milpa (cultivo de maíz) cerca, y voy haciendo”, dice con una sonrisa que le ilumina el rostro. Tal vez si esto lo hubiesen hecho antes, dos de sus cuatro hijos que emigraron a los Estados Unidos en busca de trabajo, no se hubieran ido.