Durante el gobierno de Roberto Borge, hoy preso en un penal federal en Morelos, el Congreso de Quintana Roo aprobó en noviembre de 2014 prorrogar de manera anticipada la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (cuya marca es Aguakan) el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres y incorporar al municipio de Solidaridad.
La incorporación de Solidaridad concluye hasta el 31 de diciembre de 2053, lo que viola varias disposiciones legales como el artículo 79 del Bando Municipal de Solidaridad que prohíbe concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado.
La asignación directa a la empresa es contraria a lo que se establece en el artículo 122 de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo que obliga a licitar una concesión.
La contraprestación de mil 50 millones de pesos que fueron entregados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) desapareció de las arcas estatales y ha sido motivo de la investigación contra ex funcionarios del gobierno de Borge Angulo, entre ellos Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Secretaría de Finanzas.
¿Qué han dicho sobre el tema las autoridades actuales de los tres niveles de gobierno?
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de concesionar a la iniciativa privada servicios que son obligación del Estado Mexicano como lo es el suministro y administración del vital líquido. “Ahora que estamos en el gobierno no vamos a permitir que se privatice el agua así de claro para que nadie se haga ilusiones porque ya sería el colmo que se privatice el agua que es un alimento fundamental, que es vida”, sostuvo en su conferencia del pasado 22 de octubre.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield anunció en abril de 2019 que daría seguimiento a las irregularidades en el otorgamiento de la concesión ante las numerosas quejas de los ciudadanos.
La titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, informó en octubre de 2020 que ya se analiza en conjunto con autoridades estatales y municipales poner fin a concesiones como la de Aguakan. “Nosotros estamos brindando asesoría, pero tiene que haber voluntad tanto de los estados como de los municipios para revertirla, dentro del marco de la legalidad”.
El gobernador Carlos Joaquín González también se ha manifestado en contra de las irregularidades de la concesión a Aguakan, no obstante pide que las acciones legales alcancen a los legisladores que avalaron en su momento desde el congreso estatal. “Investiguemos quién aprobó y si hay acciones de corrupción alrededor de quienes la otorgaron y avalaron su servicio con la ampliación de la concesión a solidaridad”.
La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain, prometió desde su campaña a la alcaldía que pondría fin a la concesión irregular de Aguakan. Ahora con el ofrecimiento de respaldo del gobierno federal se dice dispuesta a no terminar su administración sin que se cristalice su compromiso con los ciudadanos.