COVID-19: El dilema diabólico entre salvar la bolsa o la vida

Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2020. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.

El dilema entre salvar vidas y mantener la economía durante la pandemia de COVID-19

En medio del debate sobre cómo enfrentar los desafíos presentados por la pandemia del virus SARS-CoV-2, es imperativo encontrar un equilibrio entre restringir contagios y mantener una actividad económica y social funcional. Este artículo aborda el dilema que se presenta ante nosotros: no sacrificarnos extremadamente ni al punto de congelarnos demasiado rigurosamente.

La perspectiva del autor

“…el artículo plantea un compromiso que busque soluciones saludables para salvaguardar tanto vidas humanas como la economía y cultura.”

Juan Ignacio Pérez Iglesias argumenta a favor de medidas razonables, transparentes y justificadas sin llegar al extremo del confinamiento absoluto o prolongado. Para él, es fundamental evitar una pérdida masiva de empleos u otros daños económicos y sociales adversos como el colapso completo del sistema sanitario debido a recursos limitados.

“…la transparencia gubernamental es fundamental para evitar la pérdida de credibilidad.”

El autor exige que las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad sean respetadas y escogidos responsablemente. En su opinión, esto debe hacerse sin llegar a una situación donde necesitemos mantenernos confinados demasiado tiempo.

“…el virus provoca la muerte de un porcentaje muy pequeño de quienes enferman.”

Siguiendo el autor, es imprescindible evitar que se contagie mucho gente ahora mismo. Sin embargo, para poder volver al estado normal más adelante requerirá la supervivencia económica.

“…sería como confinar un pequeño porcentaje de su población mientras en el resto del país se mantiene una actividad casi normal.”

Pérez Iglesias destaca que las medidas necesarias para combatir la pandemia y evitar contagios extremos, son paralelas a los modelos implementados en algunas regiones como Hubei. No obstante, sugiere una toma de decisiones diferente basada más bien en el equilibrio entre salud pública y actividad económica.

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La evidencia clínica muestra que los pacientes hospitalizados por COVID-19 en la edad pediátrica no presentan un curso más grave comparado con las personas mayores.

“…la solución consiste en buscar medios saludables para salvaguardar tanto vidas humanas como la economía.”

Preguntas frecuentes

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Frequently Asked Questions (FAQs) about COVID-19 based sole07T08:54:40Z

What is the author’s perspective on handling the economic impact of the pandemic while ensuring public health?
According to Juan Ignacio Pérez Iglesias, a balanced approach that seeks both effective health measures and an active economy should be considered. This involves implementing reasonable restrictions without resorting to extreme isolation.

Why is transparency in government communications emphasized by the author?
The importance of clear, transparent communication from the authorities has been highlighted as it plays a crucial role in maintaining public trust and preventing credibility loss. This ensures that policies are respected responsibly.

How does the author suggest dealing with potential job losses due to restrictions?
Pérez Iglesias argues for measures aimed at avoiding massive employment reduction or other social and economic harms. This indicates a need for policies that protect jobs while managing public health risks.

What does the author believe about the fatality rates among children with COVID-19?
The article states that clinical evidence suggests pediatric cases of COVID-19 in hospitalized patients are generally less severe compared to older individuals, implying a relatively lower risk for this age group.

What is the proposed solution by Pérez Iglesias?
The author proposes finding healthy solutions that protect both human lives and economic interests. This may include strategies similar to those used in certain regions like Hubei, with a focus on balancing disease containment efforts alongside maintaining normalcy.

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Texto original (2020)

En medio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, ha surgido un debate sobre cómo enfrentar este desafío sin llegar a sacrificios extremos ni congelarse demasiado rigurosamente. Ese esfuerzo implica encontrar un equilibrio entre la necesidad de limitar los contagios y mantener una actividad económica y social funcional para no colapsar ante las consecuencias del cierre total o prolongado. El artículo plantea que, aunque pareciera lógico evitar todos los contagios al principio, la situación en su conjunto nos obliga a reflexionar sobre este dilema. Se considera inminente un estado de permanecer confinados para reducir las transmisiones virales pero sin que se vuelvan insostenibles las consecuencias económicas y sociales adversas, como la pérdida masiva de empleos o el colapso completo del sistema sanitario debido a recursos limitados. En su análisis, Juan Ignacio Pérez Iglesias aboga por un compromiso que no priorice indefectiblemente una vida sobre el otro sino buscar solucbonémicos para salvar tanto vidas humanas como la economía y cultura del país. Argumenta en favor de medidas más razonables, transparentes y justificadas sin llegar al extremo de mantener un confinamiento absoluto o prolongado que acentúe los daños económicos y sociales. La transparencia gubernamental es fundamental para evitar la pérdida de credibilidad y fomentar el respeto hacia las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad, demandando un cuidado responsable ante una pandemia que ya ha dejado su marca indiscutible.

El virus SARS-Cov-2 acabará llegando a todo el mundo… hasta que, con suerte, haya tantas personas inmunes, que la cadena de contagio se detenga o se ralentice muchísimo. Esto puede ocurrir de forma natural, después de que mucha gente se haya contagiado, superado la enfermedad y generado anticuerpos contra el virus. Y también de forma artificial, mediante una vacuna.

Ahora bien, ninguna de esas dos posibilidades se materializará pronto. Es muy difícil que haya una vacuna antes de un año (puede incluso que no llegue a haberla nunca, como ocurre con el VIH), y la inmunidad mediante contagios masivos puede tardar demasiado en alcanzar a un número de personas suficiente para proteger al resto. Por eso, las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 persiguen evitar que nos contagiemos… demasiado pronto y muchos a la vez. Pero, a medio y largo plazo, no evitarán que nos acabemos contagiando… los que nos tengamos que contagiar, esto es, todos los que seamos susceptibles.

El virus provoca la muerte de un porcentaje muy pequeño de quienes enferman, pero es tal su capacidad de expandirse, que es muy grande la cantidad de personas contagiadas y la de quienes han de ser hospitalizados. También es alto el número de ingresados en unidades de cuidados intensivos y de fallecidos. Al ser tan altas esas cifras, los servicios de salud se saturan hasta no poder atender y tratar como es debido a las personas ingresadas, de suerte que pueden fallecer personas que en circunstancias normales se habrían salvado. Por no hablar del riesgo al que, por tener que trabajar en condiciones límite, se expone el personal sanitario. Por eso es tan importante evitar que se contagie mucha gente en poco tiempo, porque de otra forma, el daño que causa la pandemia se acentúa.

Volver a la “vida normal”

Son muchos, seguramente una mayoría, quienes prefieren que se mantengan medidas estrictas de confinamiento; creen que así puede evitarse el contagio. Es más, para gran parte de ellos, la única opción moralmente aceptable es la que busca minimizar, al precio que sea, el número de vidas humanas que se cobra la pandemia. Y, sin embargo, de actuar bajo esa premisa, podría ocurrir que nunca se pudiese volver a la “vida normal”. La razón es que bajo condiciones muy estrictas de confinamiento, restricciones a la movilidad y distancia entre personas, los contagios llegarían prácticamente a desaparecer, por lo que apenas aumentaría el número de personas inmunes, y habría que esperar a la vacuna para recuperar la normalidad. Pero como he señalado antes, en el mejor de los supuestos pasarían varios meses –seguramente más de un año– antes de contar con ese instrumento. Solo si hubiese pronto tratamientos antivirales efectivos mejorarían las expectativas, pero esa solución hoy es aventurada.

Por otro lado, el problema es que no es posible paralizar o reducir demasiado la actividad de un país durante varios meses. Para producir comida, aparatos, repuestos, y demás bienes debe haber personas que desempeñen esas tareas. Y para hacer llegar esos bienes a la gente, hacen falta empresas que se los proporcionen, comerciando. Además, hay que trasladarse, comer fuera de casa, administrar negocios, gestionar organismos públicos, guardar dinero, pedir créditos y muchas cosas más. Otros deben formarse. Hay multitud de tareas sin cuyo desempeño la sociedad no podría funcionar, colapsaría. Y todos necesitamos recursos para vivir. En definitiva, es preciso mantener la actividad económica y el resto de actividades sociales lo más próximas posible a los niveles normales.

Muchos invocan el largo confinamiento que han mantenido en Hubei como modelo a imitar. Pero la provincia china tiene una población que representa un pequeño porcentaje de la población de aquel país. Sería como si se confinase una pequeña comunidad autónoma, como la vasca, mientras en el resto del país se mantiene una actividad normal o casi normal. Un estado puede permitirse confinar al 5% de su población durante un periodo de tiempo largo, porque el 95% restante aporta los recursos necesarios para evitar el colapso. Pero no se puede mantener confinado a un país entero sine die. Además, hagamos aquí lo que hagamos, el virus seguirá circulando por el mundo y antes o después volvería.

Opciones moralmente aceptables

No es cierto que la única opción moralmente aceptable sea evitar a toda costa los contagios y, por tanto, mantener el confinamiento durante todo el tiempo necesario para reducir a un mínimo los fallecimientos por COVID19. No lo es porque las consecuencias de llevar a un país a una depresión económica severa, o al colapso, serían tan o más gravosas aún en términos de salud pública y mortalidad. Una sanidad sin recursos (que, no lo olvidemos, proceden de los impuestos que se obtienen de la actividad económica) que sostengan su funcionamiento se vería incapaz de tratar enfermedades potencialmente mortales pero curables o, al menos, cronificables.

Los tratamientos contra el cáncer son carísimos, como lo son las intervenciones de todo tipo (de corazón, trasplantes, etc.) y los ingresos hospitalarios. Por eso, la solución no puede consistir en cerrar el país durante tiempo indefinido, sino hacerlo hasta limitar los contagios al número que permita mantener la actividad asistencial en condiciones adecuadas (decir óptimas sería quizás mucho pedir) y sin someter a sus trabajadores al estrés extremo a que se han visto sometidos y al riesgo de contagiarse más allá de lo estrictamente razonable.

En apariencia, las autoridades afrontan una alternativa diabólica, pues estarían obligadas a elegir entre dos opciones muy malas. Pero quizás no hay margen real para la opción, o es mínimo. Transitarán, mediante una peligrosa secuencia de ensayos y errores, por un estrecho corredor con un precipicio a cada lado: la mortandad por COVID19 en uno y el colapso social en el otro. Deberán observar con atención el curso de la pandemia; necesitarán buenos datos epidemiológicos y quizás sistemas para rastrear contagios. Y, en función de lo que ocurra, ajustarán la severidad de las medidas de distancia entre personas y control de movilidad.

Según los resultados de una investigación publicada recientemente, hasta 2022 sería necesario implantar medidas para restringir la movilidad y favorecer el distanciamiento, y todavía en 2024 habría que mantener la vigilancia porque podrían seguir produciéndose contagios. Lógicamente, si antes se consigue una vacuna, los plazos se acortarán. Tardaremos en disfrutar de condiciones normales durante meses. Se limitarán o no se celebrarán actos masivos. Habrá restricciones al desplazamiento entre países durante meses. Y todo esto acarreará una contracción económica sin precedentes, que dejará unas secuelas sociales terribles.

El enorme sacrificio de la ciudadanía

Bien mirado, sin embargo, el dilema entre salvar la bolsa o salvar la vida quizás no sea tal. Las autoridades han de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y capacidad del sistema sanitario, de manera que no muera más gente de la que, de suyo, causará la pandemia. Pero tampoco pueden mantener un estado de confinamiento extremo, porque no se reduciría así el número de fallecimientos por COVID19 y, sin embargo, el deterioro económico y social sería de tal magnitud que acarrearía una mayor pérdida de vidas humanas. No se trata, pues, de elegir entre la bolsa y la vida; la única opción moral aceptable es la que busca salvar la mayor cantidad de vidas posible. Pero ese objetivo exige que se salvaguarde una parte sustancial de la bolsa, por la sencilla razón de que muchas vidas dependen de ella.

La situación que vivimos exige de la ciudadanía un sacrificio enorme. Pero se aceptará. Ahora bien, a cambio, las autoridades deben garantizar transparencia, informando con rigor de la situación y de las razones por las que se toman unas decisiones y no otras. El no hacerlo así hace que proliferen bulos peligrosos y mina la credibilidad de las instituciones. Ahora más que nunca necesitamos líderes, personas que se ganen la confianza del pueblo que gobiernan; pero confianza y credibilidad exigen seriedad, claridad y transparencia. En definitiva, hace falta que nos traten como a personas maduras y responsables.

Juan Ignacio Pérez Iglesias no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)
Author: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Catedrático de Fisiología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea