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Cuando vivir sin hogar es incompatible con vivir en sociedad

Un hombre tumbado en un banco de una calle de Murcia. Shutterstock / Sarnia

Resulta evidente que la noción de hogar va más allá del espacio físico en el que se localiza. Sin embargo, existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal, familiar y social.

La vivienda es un espacio fundamental para la socialización y la integración social, de ahí su consideración de derecho humano universal, consagrado en el artículo 47 de la Constitución española, que conmina a los poderes públicos a realizar las acciones pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Los sucesos ocurridos en Badalona hace unas semanas, donde el incendio de una nave ocupada por más de un centenar de personas dejó cuatro víctimas mortales y decenas de heridos, o también los cortes de luz que padecen los niños de la Cañada Real, en Madrid, el mayor asentamiento ilegal de Europa, nos recuerdan que las personas sin hogar constituyen la imagen más representativa de la gravedad a la que pueden llegar los procesos de exclusión social.

La exclusión social se relaciona con la carencia de recursos materiales o sociales y con la escasa participación en la actividad económica, social, política y cultural.

No hay solo una circunstancia

Se trata de un conjunto de procesos, más que de una situación estable, que conduce a los sujetos por diferentes etapas o grados de exclusión, en función de la acumulación de desventajas sociales en distintas dimensiones o ámbitos vitales: ingresos, trabajo, educación, salud, participación, relaciones sociofamiliares y, por supuesto, en la dimensión residencial.

Con frecuencia, los problemas vinculados con la vivienda y la carencia de sus funciones integradoras se convierten en el factor desencadenante del proceso de exclusión social.

La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) ha difundido el uso de una tipología conceptual para abordar el análisis del sinhogarismo y la exclusión residencial: European Typology on Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS) –Tipología Europea Sobre Personas Sin Hogar y en Exclusión de Vivienda–.

Uso legal, social y físico de la vivienda

Según este enfoque, tener una vivienda supone disponer de ella en tres ámbitos o dominios básicos de uso: legal, social y físico. Desde el punto de vista jurídico, disponer de una vivienda significa tener un título legal (en propiedad o en alquiler) sobre la misma, lo que confiere seguridad en la ocupación y tenencia en exclusiva.

En el ámbito social, tener una vivienda proporciona privacidad y permite disfrutar de relaciones sociales.

Por último, disponer de un alojamiento decente y adecuado a las necesidades de la persona y su familia constituye el dominio físico de la vivienda, que queda definido por sus condiciones de habitabilidad.

Las 4 categorías de exclusión residencial

La existencia de carencias en uno o más ámbitos de uso se traduce en distintas situaciones de exclusión residencial, identificándose cuatro categorías principales según la clasificación ETHOS:

Sin techo (sin alojamiento de ningún tipo, es decir, viviendo en un espacio público).

Sin vivienda (viviendo en un alojamiento temporal, en instituciones o albergues).

Vivienda insegura (viviendo temporalmente con familia o amigos, subalquiler ilegal o bajo amenaza de desahucio).

Vivienda inadecuada (viviendo en caravanas, en chabolas de asentamientos ilegales, en edificaciones que incumplen la normativa sobre habitabilidad o en situación de hacinamiento).

Falta información

Pese a la recomendación de este enfoque por parte del Comité Económico y Social Europeo para promover el desarrollo de estadísticas homogéneas, poco se ha avanzado en reducir el importante déficit informativo sobre estas situaciones de exclusión residencial, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.

Los datos de la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar, realizada de forma puntual por el INE en 2005 y 2012, se encuentran desfasados y la Encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar solo proporciona el número medio diario de usuarios de estos centros, cada dos años, sin aportar ninguna característica adicional de esta población.

Para conocer y contabilizar a las personas que no utiliza la red de centros de alojamiento se realizan los denominados recuentos nocturnos. Diversas ciudades españolas los han llevados a cabo con mayor o menor regularidad.

El Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia (OES) ha desarrollado una metodología propia en sus investigaciones sobre exclusión social, colectivos vulnerables y exclusión residencial.

Estudios en Murcia y Cartagena

A través de los recuentos-encuesta realizados en las ciudades de Murcia y Cartagena, se analizó la situación residencial y social de las personas sin techo (en calle) y sin vivienda (centros), añadiendo, con respecto a la mayoría de estudios, a quienes residen en vivienda inadecuada (infravivienda o asentamientos) y en vivienda insegura (subalquiler o desahucio).

Los resultados de estos trabajos remiten a una población muy heterogénea y de elevada movilidad en la que predominan los hombres y el origen extranjero. Las mujeres están más presentes en vivienda inadecuada, mientras que el origen español es más frecuente en la categoría de vivienda insegura.

A menudo, se criminaliza a las personas en exclusión residencial, que son detenidas o son agredidas simplemente por su condición. Pedro Cabrera, profesor de Sociología y experto en pobreza extrema, exclusión social o sinhogarismo denuncia la “arquitectura hostil” y habla de aporofobia.

Cuando se interroga a estas personas sobre el origen de su situación, la mayoría manifiesta razones estructurales (problemas económicos, laborales, de acceso a la vivienda o relacionados con el proceso migratorio) y relacionales (problemas familiares, violencia doméstica y ruptura de pareja).

Expulsión del hogar por orientación sexual

Un reciente estudio destaca la expulsión del domicilio por discriminación en la orientación sexual como primera causa de pérdida de alojamiento entre las personas sin hogar LGTBI. Los motivos personales (problemas de salud, adicciones o voluntad propia) son mencionados en tercer lugar, alcanzando una escasa relevancia quienes refieren una elección individual.

La efectividad de la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 ha sido muy escasa, dando como resultado una desfavorable evaluación de la misma. Promovido por FEANTSA, el Informe “50 soluciones a los sin hogar y a la exclusión residencial” reúne proyectos innovadores de toda Europa, cinco de ellos españoles, que ofrecen respuestas al problema.

En una resolución aprobada el 24 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a acabar con el sinhogarismo y anuncia estar trabajando en propuestas dirigidas a fomentar mercados de vivienda inclusivos y el acceso a una vivienda digna y asequible.

Ampliación de la vivienda social

En España esto pasa por ampliar el exiguo parque de vivienda social y elevar la protección de los ciudadanos frente al riesgo de perder la vivienda. Se trata de atajar problemas como el sobrecoste, la pobreza energética, la sobreocupación o los pisos patera, reforzando la coordinación entre las diferentes áreas de intervención (servicios sociales, salud, vivienda) y entre los diferentes niveles administrativos (local, autonómico, estatal).

La crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19 hace temer las peores consecuencias sobre los grupos de población más vulnerables. Las medidas adoptadas en relación con la moratoria de los desahucios y la suspensión de los cortes por suministros van dirigidas a paliar estos efectos, ante la movilización ciudadana.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)
Author: Olga García Luque, Profesora de Economía Aplicada, Universidad de Murcia