¿Cuántas emergencias climáticas hacen falta?

El Consejo de Ministros aprobó en enero el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, mientras que el Congreso de los Diputados lo hizo en septiembre del año pasado.

Ambas instituciones se suman al creciente número de administraciones públicas de todo el mundo –el Parlamento Europeo, gobiernos de estados y regionales, ayuntamientos, etc.– así como instituciones de todo tipo, entre ellas universidades, que aprobaron en 2019 declaraciones de emergencia climática.

La ciudad de Darebin, en Australia, había sido la primera en hacerlo, a finales de 2016. En España, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, así como el Parlamento de Canarias se han unido a la iniciativa.

Las universidades de Barcelona y la Complutense de Madrid, entre otras, también se han adherido a la declaración de emergencia climática. Han sido mayoritariamente declaraciones formales surgidas al calor de las manifestaciones del activismo juvenil contra el cambio climático, de acciones de grupos ecologistas y de manifiestos científicos.

¿Qué implica una emergencia climática?

Una declaración de emergencia exige, por el propio significado del término, que supone un grado superior al de alerta, acciones y medidas urgentes para evitar o aliviar un problema grave. Es el caso del cambio climático.

El debate sobre el calentamiento global y su origen antrópico está prácticamente cerrado en el ámbito científico. La temperatura media global del aire en superficie es ya de 1,1℃ superior a la del período preindustrial.

La concentración de CO₂ en el aire, uno de los gases de efecto invernadero, ha sobrepasado ya las 410 ppm. Un valor que ninguno de nuestros antepasados llegó nunca a respirar. Por ahora, no se ve el punto de inflexión en el aumento de su concentración.

El Acuerdo de París urgió a no alcanzar los 2℃ de calentamiento y, a ser posible, no sobrepasar los 1,5℃ por los graves efectos previsibles tanto en los sistemas naturales, como en la población humana y en los sectores socioeconómicos.

En consecuencia, las declaraciones de emergencia han de ir acompañadas por planes exigentes de acción inmediata para evitar que el planeta llegue al umbral térmico de los 2℃. El de 1,5℃ será alcanzado irremediablemente antes de mediados de siglo, teniendo en cuenta la actual tasa de aumento de la temperatura.

Lamentablemente, las declaraciones, como las palabras, a menudo se las lleva el viento. La emergencia climática ha de llevar aparejada acciones urgentes. Todo lo demás es palabrería vana, “maquillaje verde”, a veces, para instituciones y colectivos que realmente no se plantean dedicar esfuerzo alguno o menos del debido para traducir las palabras en hechos.

Las acciones urgentes de mitigación y adaptación han de ser radicales en muchos casos para evitar la catástrofe.

Medidas en Barcelona

Una de las instituciones que en España ha empezado a traducir decididamente la declaración de emergencia en hechos fehacientes acordes con la gravedad del problema es el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad que sufre una elevada densidad edificatoria.

En el documento Esto no es un simulacro. Declaración de emergencia climática en Barcelona, que vio la luz el 15 de enero de 2020, se proponen 7 cambios de modelo: urbano, de movilidad e infraestructuras, energético, económico, de consumo y residuos, de alimentación y cultural y educativo.

El texto incluye también un número significativo de “actuaciones clave”, algunas ya en marcha y otras a punto de realizarse o entrar en vigor. El Ayuntamiento destinará un presupuesto total de 563 millones de euros para ello.

Entre las actuaciones que afectan al modelo urbano, sin duda el reverdecimiento de la ciudad es fundamental. Desde hace ya algunos años, el programa de las supermanzanas está tornando en viales verdes algunos de los entramados de calles que tejen un grupo de manzanas.

La pacificación del tránsito, con la limitación de la velocidad a 30 km/h en todas las vías secundarias de la ciudad y algunas de las básicas, acaba de entrar en vigor.

El fomento, mediante subvenciones y bonificaciones fiscales, de instalaciones solares para la generación de energía en los terrados de instalaciones públicas y edificios particulares es otra de las acciones prioritarias para el ahorro energético y la disminución de las emisiones.

Las actuaciones en cuanto al cambio de modelo económico tienen una menor concreción, dado que inciden en ámbitos de decisión superiores, como la Comunidad Autónoma y el Estado, además de sufrir el peso de las dinámicas económicas globales. Las más concretas se refieren a la fiscalidad en el ámbito del turismo, crítico en la ciudad, ya ensayada tímidamente.

La eliminación de los plásticos de un solo uso es, desde luego, un reto destacado en la Declaración, aunque aún lejano. No hay más que ver el uso masivo de plástico que se sigue haciendo en los mercados municipales de la ciudad.

La promoción de una alimentación más saludable y sostenible constituye una buena intención, que deberá contar con una continua labor de divulgación entre la ciudadanía. El desarrollo de programas educativos sobre el cambio climático y la financiación de proyectos de investigación, por valor de un millón de euros anuales, completan alguna de las actuaciones más destacadas.

No hace falta continuar declarando emergencias climáticas. Las proyecciones que provee la comunidad científica sobre el clima futuro son suficientemente explícitas e inquietantes como para actuar de inmediato.

Todavía podemos frenar el calentamiento en unos niveles razonables, pero ello requiere un esfuerzo mayúsculo y sin pausa. El clima futuro dependerá en gran medida de cómo actuemos.

Javier Martín Vide, Catedrático de Geografía Física, Universitat de Barcelona

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Javier Martín Vide, Universitat de Barcelona

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