Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2009. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.

An Analysis of the Unconstitutional Decree to Liquidate Luz y Fuerza del Centro Workers

This article examines the controversial decree issued by President Felipe Calderón Hinojosa for liquidating workers at LyFC, a public entity in Mexico’s Center region. The measure is assessed within its political and socioeconomic implications while considering alleged misrepresentations of justifications provided.

Political and Economic Implications

• Impact on Workers’ Rights: The decree intends to disregard the constitutional rights of workers, as guaranteed by Article 27 of the Mexican Constitution which designates national industry—including electricity production and distribution—as property owned collectively by Mexico.
• Financial Struggles: The Central Electric Energy Company (LyFC) has experienced significant financial losses, with energy transfer costs to large companies being artificially low due to subsidies. This misallocation of funds disadvantages LyFC and contributes to its economic strain.
• Precedence for Privatization: Despite the public nature of Luz y Fuerza del Centro, there are hidden interests in privatizing Mexico’s nationalized electricity industry. This move could be influenced by multinational corporations aiming to expand their market share.
• Increased Energy Prices: According to the National Electricity Regulatory Commission, energy prices have been set unfairly low for large companies while being prohibitive expensive for smaller users. This imbalance has long-term negative impacts on economic equality.
• Ineffective Anti-Poverty Measures: Under Calderón’s administration, there is an escalation in food and medicine taxes amidst increasing unemployment. These policies do not align with the right to basic necessities for a substantial segment of the Mexican population.
• Lack of Consultation: The decree was issued without consulting Congress, which contradicts Article 73-A of the Political Constitution that grants it exclusive legislative authority over energy matters. This bypasses democratic processes and undermines citizen participation.

Calls to Action from Trade Unions

“We demand immediate repeal of the unconstitutional decree issued on October 11, 2009. We urge for all LyFC facilities seized by federal police force back to be returned to our union members at SME (Mexican Electricity Workers’ Union).”

Conclusion and Calls from Civil Society Groups

• “On October 15, we call upon all Mexicans to unite in a national strike against the neoliberal forces threatening our public entities. Rally at Zócalo on that day starting at six-thirty PM.”

“Let us stand firm for National Energy sovereignty, Public Workers’ rights and Democracy against the neoliberal forces depriving our nation of these principles!”

Preguntas frecuentes

“`html

Q1: What constitutional right is being disregarded by President Calderón Hinojosa’s decree?

A1: The decree intends to ignore the workers’ rights as per Article 27 of the Mexican Constitution, which states that national industry—including electricity production and distribution—is property owned collectively by Mexico.

Q2: How has LyFC been financially affected according to allegations?

A2: The Central Electric Energy Company (LyFC) is experiencing severe financial losses, partly due to subsidies that have resulted in artificially low energy transfer costs for large companies. This misallocation of funds contributes to LyFC’s economic struggles.

Q3: What hidden interests might be influencing the privatization agenda?

A3: There are suspected influences from multinational corporations looking to expand their market share, which could play a role in pushing for the privatization of Mexico’s nationalized electricity industry.

Q4: What issue has arisen with energy pricing?

A4: The National Electricity Regulatory Commission indicates that large companies are being charged unfairly low prices, while smaller users face prohibitively expensive costs. This imbalance poses a threat to economic equality.

Q5: How do current policies affect the poor?

A5: There has been an increase in food and medicine taxes under Calderón’s administration, while unemployment rises. These measures contradict the right to basic necessities for a significant portion of Mexico’s population.

“`

---

Texto original (2009)

Este artículo analiza el caso del decreto ilegal emitido por Felipe Calderón Hinojosa para liquidar los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en medio de la desigualdad creciente en México. Examina las implicaciones políticas e infraestructurales de esta medida represiva dentro del marco constitucional actual del país, argumentando que pone en riesgo los derechos laborales y una infracción significativa a la soberanía nacional sobre su propia industria energética.

Decreto ilegal

Al Pueblo de México

Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de
extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los
trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones
presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía
Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de
LyFC.

Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que
desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias
presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden
de 41, 945 millones de pesos”

Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el
porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor
del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo
decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los
trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”

Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del
Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de
la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:

LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis
millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la
opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una
política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:

de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha
desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido
para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el
Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que
constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público

Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.

En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que
estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura
mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía
eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión
gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y
por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.

Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De
acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009,
es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las
que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de
salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer
creer el titular del ejecutivo.

La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado
negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario
mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes
se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso
familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser
los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el
orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de
Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.

Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa
como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es
propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de
LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de
Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés
de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas

como un apetecible banquete trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación
eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a
particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del
capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los
hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los
hechos, no palabras.

Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que
ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza
y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del
Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.

Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores
agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la
Policía Federal Preventiva.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y
a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un
gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los
Contratos Colectivos de Trabajo.

Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a

interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica,
derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal. Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las

Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a
participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio
Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo
este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al
Zócalo.

¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!

Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.

COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓN DE TRABAJO

Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo