La organización pro abolición de la tortura junto al colectivo París Ayotzinapa emiten este comunicado donde se pronuncian por la continuidad del trabajo del grupo de expertos:
México-Ayotzinapa:
El grupo de expertos independientes debe continuar con su labor
El domingo 24 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su último informe relativo a la investigación sobre la represión sufrida por los estudiantes de Ayotzinapa en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 y la búsqueda de 43 de ellos, desaparecidos desde entonces. Ningún representante de las autoridades mexicanas asistió al evento. La ACAT y el Colectivo París-Ayotzinapa exigen a las autoridades francesas, en el marco de su creciente cooperación con las autoridades mexicanas, que se solicite la renovación del mandato del GIEI.
Los hallazgos del GIEI siguen siendo muy preocupantes:
la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR), que supone que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, sigue siendo incompatible con las evidencias científicas que allí se recogieron y con la actividad de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos;
varios cuerpos de policía estuvieron involucrados: los de tres municipios cercanos, así como la policía del estado de Guerrero y la policía federal. El ejército estuvo igualmente al tanto de la situación, pero al GIEI nunca se le permitió interrogar a los soldados presentes en diferentes escenas;
ninguna investigación seria se ha llevado a cabo en lo que se refiere al quinto autobús que podría haber contenido un cargamento de heroína, aun cuando esto podría explicar la coordinación y la gran magnitud de la represión;
hubo pruebas que fueron perdidas o probablemente destruidas, las escenas de crimen no se resguardaron adecuadamente y la fragmentación de las averiguaciones impide la adecuada coordinación de la investigación;
al menos 17 de las personas detenidas por las autoridades mexicanas, que se supone que han proporcionado testimonios claves, presentan signos probables de tortura y malos tratos.Las inconsistencias y deficiencias en la investigación oficial que el trabajo del GIEI ha puesto al descubierto constituyen sólo la punta del iceberg de las fallas estructurales que se pueden constatar en México, en donde la tortura, la fabricación de culpables y la manipulación de pruebas son prácticas constantes y ampliamente documentadas. A pesar de su aporte fundamental, la solicitud del presidente de la CIDH y las repetidas peticiones de los familiares de las víctimas, las autoridades mexicanas se negaron a renovar el mandato del GIEI. “Las familias de los estudiantes no tienen confianza alguna en la acción del gobierno. Para ellos, la permanencia del GIEI representa la única esperanza de que se haga justicia”, señala el Colectivo París-Ayotzinapa.
El grupo de expertos terminará su misión el 30 de abril. Desde la presentación de su primer informe en septiembre de 2015, sus miembros han sido objeto de una campaña de difamación en varios medios de comunicación mexicanos. El gobierno nunca ha tratado de impedir dichas difamaciones.
De hecho, desde hace meses, el conjunto de organismos interamericanos y de la ONU relacionados con los derechos humanos, las ONG mexicanas y las víctimas han sido un blanco de ataques para deslegitimar sus acciones. “Los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos no fueron autorizados a realizar visitas este año a pesar de una situación verdaderamente alarmante en el país”, recuerda Anne Boucher, encargada de las Américas de ACAT.
El Estado mexicano no puede pretender estar cumpliendo con todas sus obligaciones internacionales en materia de defensa de derechos humanos y rechazar cada una de las conclusiones que le molestan en materia de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es un emblema de la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país y debe hacerse todo lo posible para solucionarlo. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, especialmente a Francia, para apoyar la solicitud del presidente de la CIDH para que se mantenga la cooperación de los expertos del GIEI en la investigación.