En Uganda disposiciones contra el COVID-19 son “perfecto instrumento para criminalizar el disentimiento”

Periodistas, activistas de derechos humanos y voces disidentes, en la mira

En marzo de 2020, el Gobierno de Uganda se unió a la lucha mundial contra el COVID-19 con duras medidas y restricciones para controlar el contagio en todo el país.

Como los ciudadanos empezaron a utilizan internet para acceder a noticias importantes acerca de las medidas contra el coronavirus, intercambiar opiniones y compartir información local, el Gobierno aplicó diferentes leyes cibernéticas para penalizar a quienes difundieran “información falsa”. Entre las medidas se encuentra la Ley del Mal Uso de Computadores (2011), que regula el flujo y el intercambio de la información en espacios digitales.

En un país en el que las autoridades ya aplican severas medidas contra medios de comunicación, voces disidentes y opositoras al Gobierno, este aumento de la criminalización por desinformación durante la pandemia viola los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos.

A días de las elecciones presidenciales del 14 de enero de 2021, el Gobierno también utilizó las restricciones por la COVID-19 como excusa para apuntar contra los políticos de la oposición y limitó reuniones y concentraciones antes las elecciones. Según se informa, dos días antes de la votación, el Gobierno instruyó a los proveedores de internet a desconectar todos los medios de comunicación.

A principios de la pandemia, el 22 de marzo de 2020, la Comisión de Comunicaciones de Uganda emitió un comunicado de prensa acerca de la circulación de “información falsa” con el objetivo de penalizar la desinformación.

La comisión se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter:

Public Advisory Notice on Circulation of Fake Information pic.twitter.com/z1Lv0h8VxN

— UCC (@UCC_Official) March 22, 2020

Aviso público sobre circulación información falsa

También en marzo, la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) también apuntó contra tres medios de comunicación, entre ellos, BBS, NTV Uganda y Spark TV, acusándolos de transmitir al aire contenido que podría “confundir, distraer e incitar al público a no respetar las normas establecidas por las autoridades gubernamentales competentes con relación al coronavirus”.

Para complicar más las cosas, las definiciones y aplicaciones de estas leyes son imprecisas y amplias, lo que permite al Estado utilizarlas para fomentar sus propios intereses.

Los ciudadanos que criticaron al Gobierno por su respuesta a la COVID-19 o expresaron su preocupación y quejas a través de las redes sociales enfrentaron arrestos e intimidaciones. Periodistas, defensores de derechos humanos y blogueros fueron especialmente señalados por difundir “información no verificada” sobre el virus.

Un informe de 2020 sobre el estado de libertad de internet en África durante la pandemia resalta alguno de estos casos.

Adam Obec, exempleado de Kampala Capital City Authority (KCCA), fue arrestado el 13 de abril de 2020 acusado de difundir información falsa sobre COVID-19. Obec había compartido información en las redes sociales sobre la primera muerte por COVID-19 registrada en el distrito de Koboko, Uganda. Presuntamente, esa declaración desató el miedo y pánico en la comunidad, y debilitó el esfuerzo del Gobierno en la lucha contra el virus.

Ese mismo mes, el escritor y activista de derechos humanos Kakwenza Rukirabashaija fue arrestado presuntamente por publicar en su cuenta de Facebook el 6 de abril de 2020 críticas contra el presidente Yoweri Museveni por las severas restricciones implementadas contra el COVID-19. En su publicación, escribió:

Museveni, sé serio o no te gustará el merecido que se llevarán tus retorcidas directivas. Si el país se va al abismo del hambre en los próximos meses, nunca culpes al coronavirus sino a ti y tus métodos intolerantes.

Rukirabashaija fue acusado de “cometer un acto que podría propagar el virus”, según un informe de la Freedom House 2020. Supuestamente, El comentario infringía la sección 171 del Código Penal, capítulo 120. El 6 de mayo, Rukirabashaija fue liberado bajo fianza por un valor de 10 millones de chelines ugandeses, equivalente a 2700 dólares estadounidenses.

El 11 de diciembre de 2020, en una entrevista por WhatsApp, Rukirabashaija contó a Global Voices su sospecha de que el arresto por cargos con relación al COVID-19, en realidad, está ligado a su libro “The Greedy Barbarian” (“El Bárbaro Codicioso”), novela de ficción que explora altos niveles de corrupción.

El 20 de abril de 2020, Samson Kasumba, presentador de noticias de NBS TV, fue liberado luego de haber sido arrestado sin cargos formales. Las autoridades no dieron detalles sobre el arresto de Kasumba, pero su trabajo como periodista, que incluye otras “supuestas actividades subversivas” fue motivo suficiente, según Freedom House. Hubo preocupación por las publicaciones de Kasumba en su cuenta de Facebook sobre el COVID-19, escritas pocos días antes del arresto, pues pueden haber sido la razón de su detención. Sin embargo, en una entrevista por WhatsApp el 7 de enero, Kasumba dijo a Global Voices que estaba seguro de que su arresto no tiene relación alguna con sus publicaciones en Facebook.

‘La política por encima de todo’

Los arrestos relacionados con la COVID-19 indican que cualquier contenido referido a la enfermedad es juzgado como críticas al Gobierno por su respuesta contra el virus, y que tienen como resultado sanciones por parte del Estado.

Anthony Masake, responsable de Chapter Four Uganda, organización defensora de los derechos digitales, expresó a Global Voices en entrevista por WhatsApp el 14 de diciembre de 2020, que las acciones de la CCU han incentivado la autocensura en la población y hecho que los ciudadanos acepten los comunicados oficiales como “palabra santa”. El resultado es que la gente duda a la hora de hablar y considera responsables a los líderes, dijo Masake.

El Gobierno prioriza la política por sobre todo lo demás, según Kiiza Eron, abogado de derechos humanos de Kiiza y Mugisha Abogados. El 11 de diciembre de 2020, en una entrevista por WhatsApp con Global Voices, Eron expresó que las reglamentaciones contra el COVID-19 se han convertido en el “instrumento perfecto para criminalizar el disentimiento”, y que el Gobierno despliega su intolerancia hacia las críticas y a la oposición aplicando el derecho penal en el contexto de la pandemia selectivamente. Destacó que solo los integrantes de la oposición, medios de comunicación y la sociedad están en la mira:

Ruling party officials — who routinely break COVID-19 rules — do so with undisguised impunity.

Son los representantes del Gobierno quienes diariamente rompen las reglas contra el COVID-19 con abierta impunidad

Además de las duras medidas que aplican las autoridades a los espacios digitales disidentes, los agentes de seguridad también atacaron a periodistas y medios de comunicación que intentaban cubrir la historia del COVID-19 de cualquier modo posible, lo que generó censura en tiempos de pandemia.

Por ejemplo, el 19 de marzo de 2020, Julius Ocungi, director de Uganda Radio Network, recibió “golpes en la cara, puñetazos y patadas” por parte de la Policía cuando intentó tomar fotos del personal de seguridad en el momento en que clausuraban un bar en el distrito de Kitgum, al norte de Uganda, en medio de la cuarentena por COVID-19. La cámara de Ocungi fue confiscada, luego lo obligaron a borrar las fotos. El damnificado intentó presentar un caso formal sobre el incidente, pero fue rechazado por varias autoridades.

Masake, junto a Chapter Four, citó arrestos de otros periodistas como Tom Gwebayanga, de New Vision; Alfred Nyakuni y Felix Warom Okello de Daily Monitor, quienes están en la mira por su cobertura del coronavirus.

Mientras tanto, el Gobierno utilizó masivamente las redes sociales para aumentar el acceso a la información e informar sobre el virus. El Ministerio de Salud usó principalmente su cuenta de Twitter para difundir noticias de la pandemia.

Irónicamente, son los actores políticos quienes producen y distribuyen la desinformación de manera significativa. Las autoridades gubernamentales juegan un papel importante para detener la mala información desde la fuente a través de comunicados y una legislación clara. En momentos en los que la información sobre el COVID-19 se encuentra en desarrollo, la percepción pública sobre el virus puede fácilmente generar datos falsos.

Durante la pandemia, el acceso a la información en línea ha sido vital para la salud pública. Restringir el flujo y acceso a publicaciones sobre el COVID-19 con leyes cibernéticas ya existentes niega a los ciudadanos el derecho de expresarse libremente y de intercambiar ideas en línea.

Mientras surgen nuevos datos sobre el COVID-19, los ciudadanos deben permanecer atentos e informados acerca del virus, y también deben saber cómo verificar los hechos y detectar noticias falsas o engañosas. Es responsabilidad de los profesionales de los medios destacar e informar los actos que vulneren los derechos digitales como parte de sus esfuerzos para combatir la propagación de la COVID-19 en Uganda.

Este artículo forma parte de una serie de publicaciones que analizan la vulneración de los derechos digitales en el contexto de cuarentena y otros ámbitos, en tiempos de la pandemia por la COVID-19 en nueve países africanos: Uganda, Zimbabue, Mozambique, Argelia, Nigeria, Namibia, Túnez, Tanzania y Etiopía. El proyecto cuenta con recursos de Africa Digital Rights Fund (Fondo de Derechos Digitales de África) de Colaboración en Políticas internacionales de TIC en África Sur y Este (CIPESA).

Escrito por Sandra Aceng Traducido por Analia Brambilla · Ver artículo original [en]