Publicado originalmente en CGT Informática
Este miércoles 27 de noviembre el congreso de los diputados ha dado vía libre por muy amplia mayoría al Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre por el cual el gobierno, este, el siguiente o el que venga, podrá intervenir con “carácter excepcional y transitorio” redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Las comillas son nuestras porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. Porque ¿quién considera qué es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno.
Este decreto es una revisión 2.0 de las Leyes Mordaza que promovió el gobierno de Mariano Rajoy, el cual era una nueva vuelta de tuerca a la Ley Sinde del último gobierno de Rodríguez Zapatero. En el fondo todas tienen la misma idea: el gobierno de turno se ha cansado de tener que pedir permiso a un juez para hacer algo ilegal y de que el juez le mande a paseo. Así que optan por legislar; quitan al juez de la ecuación y hacen lo que antes no les dejaban. Gracias a la Ley Sinde pueden cerrar páginas de “piratería” aunque no haya ánimo de lucro, con las Leyes Mordaza hacían ilegal el derecho básico a la protesta no violenta y ahora con el Decretazo Digital podrán cerrar webs que contengan información de disidentes, de sindicatos, de colectivos por los derechos sociales, de colectivos por los derechos de las personas migrantes, etc.
Con este decreto el gobierno podrá cortar redes y comunicaciones (no solo internet) cuando ellos determinen que hay una amenaza para el orden público o cuando estimen que se puedan crear gravesproblemas económicos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicación. En el caso de los cortes de redes de comunicaciones, hay que tener en cuenta el nivel de complejidad y la gran cantidad de información que se obtiene de estas redes, lo que posibilitaría actuaciones muy concretas, como cortar la conectividad a un número concreto de teléfono o a todos los teléfonos que estuvieran localizados en un área concreta, por ejemplo en la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011. En este redactado no solo cabe la “República Digital Catalana”, cabe mucha más gente; en este redactado cabes tú, seas quien seas.
Cuando una sección sindical, una asamblea de trabajadores y trabajadoras o un comité de empresa esté promoviendo una huelga por motivos laborales en una empresa, especialmente en alguna pública como pueda ser RENFE, ADIF, Enaire o en alguna privada pero cuyo servicio se considera “importante” como pueda ser cualquier teleco, el gobierno podrá ordenar el cierre de la web e incluso el cierre de las comunicaciones en una zona determinada; por ejemplo, en donde se encuentre el sindicato convocante.
Cuando un colectivo esté preparando una huelga general, por ejemplo el movimiento 8M, el gobierno podrá cerrarles las páginas web.
Cuando un grupo ecologista esté preparando una movilización frente a una central eléctrica de carbón o nuclear, el gobierno podrá cerrarles la página web y cortar las comunicaciones en la zona en cuestión.
Cuando vaya a haber una movilización, la que sea, el gobierno podrá cortar la conectividad con Telegram, WhatsApp, como han hecho gobiernos tan “democráticos” como el turco, el chino o el ucraniano.
… y entonces habrá que denunciar al estado ante un juez, e ir a juicio, y esperar. Esperar mucho. Y aunque luego el juez te dé la razón, el daño ya estará hecho. La huelga habrá sido un fracaso, se habrá desmovilizado al colectivo, se habrán desvanecido las fuerzas y un juez dirá que tenías razón y que el gobierno no tenía derecho a cerrar tu web.
Por este motivo es importante que la información se difunda. Más allá de que organizaciones judiciales vayan a denunciar este real decreto por inconstitucional, debemos difundir en nuestros entornos lo que significa esta ley. En el trabajo, entre tus amistades, con la familia. Es importante porque esta ley te afecta, quieras o no, tanto como te afectan las Leyes Mordaza.
Para saber más:
Sobre las leyes mordaza [NoSomosDelito]