El conflicto paramilitar en Colombia ha desatado una ola de violencia sexual contras las mujeres, amparados bajo un velo de vergüenza el 80 por ciento de los casos no son denunciados, mientras el Estado se vuelve cómplice, pues evita dar seguimiento a los delitos cometidos.
En un inicio se pensó que las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC) eran responsables de la mayría de violaciones, sin embargo, estudios de la Comisión Colombiana de Juristas demuestran que el Estado es cómplice por omisión en el 98 por ciento de los casos.
El 65 por ciento de las violaciones son responsabilidad de los denominados narcoparamilitares, 19 por ciento son perpetrados por las fuerzas de seguridad y 8.5 por las FARC.
En este entorno es más probable que el delito sea castigado por las FARC , pues si cualquier integrante del grupo es sospechoso de atacar a algún niño o mujer se enfrenta un Consejo de Guerra y de ser comprobada su culpabilidad es fusilado de inmediato.
Para evidenciar el problema la periodista Camila Queiroz, dio voz a más de una docena de casos, las víctimas usaron pseudónimos para narrar sus lamentables experiencias. Como el caso de “Angélica”, quien desde los 10 años fue esclava doméstica y sexual de un integrante de las FARC, después repitió su sufrimiento cuando su hija de 13 años fue violada en dos ocasiones, nadie fue castigado.
El delito se vuelve más preocupante cuando ocurre al interior de la familia, donde las víctimas son constantemente atacadas por su padres o hermanos, sin que la justicia pueda liberarlas del suplicio.
El 99 por ciento de los casos relacionados con los grupos paramilitares quedan impunes por la presión de las fuerzas militares, mientras que en el caso del Estado el fuero militar da campo abierto a los soldados para abusar de su autoridad y someter a las mujeres sin el temor de enfrentarse a juicio o castigo alguno.
Así, la defensa de los derechos humanos de los colombianos entra queda en tierra de nadie, además como ya es costumbre son las poblaciones vulnerables, indígenas o población de escasos recursos económicos, quienes resultan más afectados por esta situación.
Si bien el estudio no relaciona contundentemente a la guerrilla colombiana con la violencia sexual contra las mujeres, los datos indican que la situación de inseguridad del país abre paso a la violación constante de los derechos humanos.