Nuevo gobierno en Uruguay prioriza la seguridad, ¿a costa de la libertad de expresión?

Ley de Urgente Consideración consagra un cambio de época política.

Uruguay, un pais regionalmente conocido por su gobernanza izquierdista desde 2005, dio un giro en 2020. Tras 15 años de administraciones de la coalición orgánica de fuerzas y partidos de izquierdas reunidas en el Frente Amplio, el conservador Luis Lacalle Pou asumió como nuevo presidente en marzo 2020. Con la llegada de una coalición de centro-derecha y derecha en Uruguay, el nuevo gobierno introdujo la controversial Ley de Urgente Consideración unos meses después, en julio.

Esta ley busca marcar el ritmo de una agenda con foco en la seguridad pública, la austeridad fiscal y los beneficios a la inversión, aunque esto pueda ocurrir en detrimento de libertades fundamentales y derechos conquistados según críticos. La ley esta para reformar un amplio abanico de temas que han estado en el foco de las críticas a los gobiernos frenteamplistas.

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El proyecto que presenta el gobierno es un proyecto ómnibus que cuenta con más de 500 artículos. No es una ley ordinaria sino un paquete de leyes que aborda mas de 30 políticas públicas.
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— Daniel Chasquetti (@Chasquetti) April 9, 2020

La iniciativa, anunciada en campaña por un entonces candidato Lacalle Pou, se instaló en el debate alimentando entusiasmos de unos y temores de otros por la profundidad y alcance que podrían tener estos cambios. Al principio, esta ley tenía 501 artículos, pero después de semanas de negociaciones entre los socios de coalición y de objeciones de inconstitucionalidad, la versión definitiva de la ley redujo de 501 a 476 los artículos.

Según datos del diario El País, los homicidios subieron un 46% y las rapiñas un 53% en el período entre 2014 y 2019. A nivel de opinión pública, en los últimos años, la seguridad fue creciendo y consolidándose como la principal preocupación entre los uruguayos. Esto solo cambió a partir de la pandemia, en que la salud y el desempleo empezaron ocupar puestos de mayor importancia.

En ese marco, los cambios en materia de seguridad de la controvertida ley configuran uno de los principales pilares que el oficialismo prometió en campaña. Se traslada en aumentos de penas a adultos y menores infractores y dar mayores potestades a las fuerzas del Estado. A modo de ejemplo, a partir de la ley, los policías y militares retirados pueden portar armas y las autoridades pueden disuadir piquetes en calles y expulsar personas que estén pernoctando en espacios públicos. Estas modificaciones generaron críticas de especialistas y académicos que ven un modelo regresivo en las nuevas políticas de seguridad pública.

Además de los cambios destacados en seguridad, en la ley también se consagran algunos cambios relativos a la inclusión financiera, educación, salud y economía.

El 8 de julio la Cámara de Senadores aprobó el texto definitivo con 18 votos sobre 31, tras una instancia de debate que había comenzado formalmente el 23 de abril, durante las semanas de mayor incertidumbre por la pandemia. El 24 de julio la ley entró en vigencia y a nivel judicial comenzaron a aplicarse algunos de sus preceptos, aunque aún existen dudas entre operadores de la ley y algunos puntos aún no se han comenzado a aplicar en la práctica.

Voces críticas locales y internacionales se suman contra la ley

Los cuestionamientos a la ley se agrupan en dos categorías distintas. Por un lado, a nivel de forma, voces opositoras han criticado el proceso por su opacidad y por tener “debilidades constitucionales”, por mantener su carácter de urgente a pesar la irrupción del COVID-19 y la premura de los tiempos de aprobación parlamentaria –90 días en total entre ambas cámaras– que no permitían un debate en profundidad de los temas implicados.

En segundo lugar, las críticas se enfocan en el contenido de la ley, en particular a ciertas limitaciones que impone libertad de expresión. La ONG CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública) publicó en mayo un informe cuestionando seis artículos que dan mayor discrecionalidad a la policía para disolver protestas pacíficas y acceder a información privada sin orden judicial, en el caso de sospechar actividades delictivas.

En la misma línea, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el pasado mes de octubre, envió en abril una carta al Gobierno criticando las limitaciones a la protesta pacífica y reparando que los artículos relacionados al “derecho al olvido” podrían utilizarse como un mecanismo indirecto de censura, considerando que actores privados podrían lograr que se elimine información publicada en internet que dañe a su imagen.

En la medida en que las críticas no generaron grandes cambios en la redacción definitiva de la ley y aún a espera de su votación definitiva, Edison Lanza opinó en un foro virtual organizado por la Universidad de la República en junio que le preocupaba “que Uruguay, siendo uno de los pocos países de la región que está dentro de las veinte democracias plenas, ponga en riesgo algunas de las libertades con esta reforma”.

Tras la aprobación de la ley por ambas cámaras, la Mesa Política del Frente Amplio, colectivos como la Intersocial Feminista y la central de trabajadores PIT-CNT impulsaron una recolección de firmas en octubre para convocar un referéndum que derogue algunos artículos la Ley de Urgente Consideración, fundamentalmente aquellos que dan mayor discrecionalidad a las fuerzas policiales. Para poder concretar este referéndum y ponerle una fecha, los convocantes necesitan reunir una cantidad de firmas equivalente al 25% del padrón electoral, es decir, las de unos 550 mil votantes habilitados.

En cualquier caso, La Ley de Urgente Consideración aparece en el debate público como un hito de cambio de época. Mientras voces de apoyo al oficialismo se amparan en ella como un recurso que le da gobernabilidad y refleja un cambio legítimo en el nuevo mapa político, en la oposición muchos la ven como un retroceso en avances que el país había logrado con el Frente Amplio.

 

Escrito por Juan Manuel Montoro