El secretario general de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, Francisco Torres de Landa, se pronunció por declarar un Régimen de Excepción en estados como Tamaulipas y Michoacán.
Esta medida, en sus palabras, ayudaría a frenar la ola de violencia que desde 2006 ha cobrado la vida de alrededor de 30 mil personas a causa de sucesos relacionados con el crimen organizado.
El argumento de México Unido Contra la Delincuencia para recurrir a este mecanismo constitucional es que en algunas entidades del país se viven situaciones de ingobernabilidad y la suspensión de las garantías individuales se da “de facto”.
En conferencia de prensa celebrada ayer, Torres de Landa aseguró que esta decisión –que depende del gobierno federal– contribuiría a generar un plan “para rescatar a esos lugares del infierno en el que están viviendo”.
Sostuvo que “suspender garantías” tiene sentido si se trata de “poner orden”, y que el esquema de “Régimen de Excepción” está previsto en el artículo 29 de la Constitución.
De acuerdo a cifras oficiales, desde el 2006 más de 34 mil 600 personas han muerto a causa de estos eventos, año en que el gobierno federal declaró el combate frontal al crimen organizado sobre la base del uso de las Fuerzas Armadas.
En Tamaulipas se han hecho hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cadáveres, mientras que en Michoacán los grupos de narcotraficantes Los Zetas y La Familia Michoacana, provocaron la muerte violenta de más de 500 personas tan sólo en 2009.
Imagen: El Pelos Briseño
