La gestión escolar se ha promocionado como un medio para potenciar el desarrollo de las escuelas públicas. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la posibilidad real y futura influencia del sector privado en estos recursos educativos. Este artículo analiza los riesgos asociados con la autonomía administrativa dentro de la reforma educativa para garantizar que no se diluya el papel estatal ni se socave la gratuidad educativa. FRAGMENTO DE LA REVISTA NEXOS: La gestión autónoma en las escuelas es prometedora pero conlleva riesgos significativos para la libertad académica, el principio de acceso público a educación gratuita y los peligros del sesgo privado.
una ilusión de la libertad de ejercer recursos en las escuelas publicas pero puede ser un caballo de Troya para privatizarlasSe le vende como
Según la definición oficial La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la autonomía institucional. Esto no quiere decir que las escuelas públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el apoyo gubernamental”
Son tan enfáticos en ello porque esa ha sido la principal amenaza de los grupos magisteriales que se han opuesto a la reforma y es la que más nos debe preocupar.
La versión oficial prosigue: “La autonomía en la gestión escolar es uno de los principales aspectos de la reforma educativa; permite particularizar la administración de recursos considerando las características y necesidades de cada plantel”
Deja todo muy al aire y ambiguo sin especificar cómo se administrarán esos recursos y si estos vendrán o podrán venir de entes privados, al principio suena bien como una manera de tener gestión en las prioridades de la escuela ¿Pero no acaso diluye la responsabilidad del Estado?
Les compartimos un fragmente de la Revista Nexos “Autonomía de gestión de las escuelas: la ilusión del poder de decisión” que cuestiona estos peligros:
Reduce el desempeño escolar
Los riesgos de esta singular concepción de la autonomía de gestión son varios. El primero es reducir la escolarización y el currículo nacional a la adquisición de contenidos instrumentales, los mismos que miden las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales: lectura, escritura, matemáticas y ahora la denominada sana convivencia. El segundo es que al restringir la participación de los padres de familia a resolver problemas de operación e infraestructura, se atenta contra el principio de gratuidad aún vigente en la Constitución. Así lo sugieren las múltiples noticias que circulan en medios locales sobre el cobro de servicios de agua y luz a cargo de los padres de familia, situación que sobre todo en zonas marginadas, ha generado inconformidades y protestas.
La injerencia del sector privado
Un tercer riesgo se relaciona con la injerencia del sector privado y diversos grupos empresariales en las escuelas públicas a nombre de la calidad educativa; la autonomía de gestión puede convertirse en un parapeto para emprender jugosos negocios, mismos que generalmente arrastran consigo una cauda de males como el desvío de recursos públicos, corrupción, opacidad e impunidad. Ejemplos de que esto ya ocurre hay muchos: fundaciones disfrazadas de empresas o más bien, empresas disfrazadas de fundaciones que recibe recursos públicos por parte de gobiernos estatales y del federal, sin que los beneficios prometidos lleguen a las escuelas directamente (véase el interesante reportajepublicado el 7 de julio en Nexos.). Otro caso es la denuncia de docentes en redes sociales con respecto a la obligación de recaudar fondos para el Teletón.
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No les extrañe ver pronto esto en México
