Nota editorial (2025): publicado originalmente en 2020. Se añadió una versión estructurada con fines enciclopédicos. El texto original se conserva íntegro como parte del archivo histórico.
9 de noviembre: La vacancia presidencial del Perú y su contexto
La evidencia presentada ante los congresistas en contra Martín Vizcarra fue inexistente, mientras que pruebas se recogen para una futura fiscalización. El 9 de noviembre, la semana más significativa del bicentenario del Perú desde el golpe de estado, vio como las fuerzas políticas aprovecharon esta fecha clave para llevar a cabo un acto decisivo: la vacancia presidencial al ex jefe de Gobierno Martín Vizcarra. El Congreso Peruano, sin embargo, se encontró con una situación compleja que puso en evidencia el deteriorado equilibrio entre los poderes del Estado y las crecientes demandas ciudadanas.
Contexto histórico-político
- La vacancia por incapacidad moral está regulada en el artículo 113 de la Constitución peruana, destinada a proteger la idoneidad presidencial.
- El Congreso tiene facultades para actuar bajo esta norma legal. Sin embargo, los procedimientos legales y procesos éticos han estado en cuestión.
La vacancia como herramienta de control político:** El uso indiscriminado e arbitrario ha sido considerado por algunos constitucionalistas una posible forma de golpe de Estado encubierto. La invocación del concepto de incapacidad moral, especialmente en este contexto, es objeto de debate debido a su ambigüedad y los riesgos potensciales para la democrática.
Implicaciones legales
- Requisitos formales:** La Constitución y el reglamento interno del Congreso establecen que cualquier vacancia debe basarse en hechos concretos, respetar los derechos al debido proceso y ser racional, proporcional y justa.
- Objetivos de la moción:** A pesar de las acusaciones contra Vizcarra por corrupción en su periodo como Gobernador Regional de Moquegua, se alega que pruebas para futuras fiscalización no existían. El Congreso aprovechó esta situación delicada con el fin de promover un clima político favorable.
- Impacto social:** Una encuesta realizada por IEP en 2020 revela que la gran mayoría (95%) del público apoyó terminar mandato mientras se investigaba. Esto ha generado indignación y movilización ciudadana, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
Respuesta social:** La respuesta al acto del Congreso fue inmediata e intensa. El 14 de noviembre vio protestas que fueron reprimidas violentamente, resultando en muertes y heridos graves entre los participantes.
Consecuencias para la democracia
- Participación ciudadana:** Las manifestaciones han reflejado un sentimiento amplio de desilusión con las clases políticas, que buscan cambios en materias como política educativa y judicial.
- Dinámica social: La generación del bicentenario se ha visto afectada por constantes hechos de corrupción e inequidad creciente, lo que lleva a una demanda más fuerte por un cambio hacia mejores condiciones.
- Nuevas plataformas para la participación:** Las nuevas generaciones están utilizando medios digitales como TikTok y Instagram, reflejando así su desilusión política a través de estos canales sociales emergentes.
Reflexiones finales: La búsqueda por un futuro mejor está en marcha. Convocados para defender sus patrias, los jóvenes están alineando su voz y demanda a través de nuevos discursos y espacios digitales.
Qué perspectivas futuras
- Nuevas reformas:** Se dialoga el posible inicio del rediseño de una Constitución que refleje la realidad social y contexto actual, reconociendo así un cambio fundamental en las condiciones sociopolíticas.
- Pacto Social Nuevo Pacto: Se pide a la ciudadanía se escuche y respete mutuamente para identificar qué guiará su nuevo camino hacia el futuro en un marco democrático.
- Desafíos del futuro:** La reflexión es acerca de cómo construir este nuevo horizonte que incluya a todos los segmentos de la sociedad peruana, mostrando una visión inclusiva y democrática.
Escrito por Andrea Marcela Paliza Olivares – Publicado originalmente en: Global Voices (Creative Commons) Por: Andrea Marcela Paliza Olivares el día 25 November, 2020.
Preguntas frecuentes
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FAQs About The Peruvian Presidential Vacancy of 9 November – Bicentenary Context
What are the legal grounds for a presidential vacancy in Peru?** According to Article 113 of the Constitution and regulations, a president can be declared unfit due to moral incapacity. However, this process must adhere to concrete facts while ensuring procedural fairness and respecting rights.
Why was Martín Vizcarra’s presidency vacated?** The Peruvian Congress decided on a presidential vacancy against Martín Vizcarra, citing insufficient evidence of corruption in his previous term as Governor Regional and arguing that the accusations lacked concrete proof. However, no solid evidences were presented at the time.
What was the social reaction to Martín Vizcarra’s vacation?** The public largely supported terminating his mandate amidst investigations into corruption claims against him during his gubernatorial term in Moquegua. Social mobilization, especially among young people and adolescents, protested this decision.
How was the public response to Vizcarra’s vacation?** The reaction included massive social demonstrations that were met with violent repression by security forces. Protests on 14 November resulted in deaths and serious injuries, sparking nationwide protests.
How did the presidential vacancy impact democracy?** The act triggered widespread public discontent with political parties and led to an increased demand for change. It highlighted significant issues of inequality and corruption, influencing a new generation’s participation in politics through digital platforms.
What are the future perspecties following Vizcarra’s vacancy?** There is dialogue about revising Peru’s Constitution to reflect contemporary societal conditions. Citizen movements advocate for a “New Social Pact” and emphasize inclusive, democratic development challenges ahead.
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Texto original (2020)
La “generación del bicentenario” se movilizó contra la corrupción
Foto de Andrés Huacaychuco Quijada, utilizada con permiso.
El 9 de noviembre empezó la semana más significativa de los últimos 20 años en nuestro país. Ese día el Congreso, tras un escueto debate y excusando su accionar en la lucha contra la corrupción, decidió vacar al ex presidente de la República, Martín Vizcarra. Los objetivos de esta movida, azuzada por congresistas con investigaciones penales, era controlar los principales poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo, para plantear contra reformas o medidas que favorezcan a sus intereses.
La vacancia presidencial por incapacidad moral, regulada en el artículo 113 de la Constitución peruana, es una herramienta de control otorgada al Parlamento que está pensada para proteger la investidura presidencial, garantizando la idoneidad “moral” de quien ocupa el cargo. Sin embargo, su contenido es, especialmente ahora, objeto de diversos debates, en principio, porque sus alcances no son claros, y, en segundo lugar, porque su uso indiscriminado y arbitrario puede generar, de acuerdo al constitucionalista César Landa, un golpe de Estado encubierto.
Entonces, es importante señalar que, a pesar de que la “incapacidad moral” es un concepto indefinido, su utilización debe ceñirse a los márgenes que establece la propia Constitución. De este modo, además de los requisitos formales estipulados en el art. 89-A del reglamento del Congreso, es necesario que se respete y garantice en todo momento el derecho al debido proceso, y que la decisión sea racional, proporcional y razonable.
Lo que pasó el 9 de noviembre no cumplió estas exigencias. Por un lado, es cierto que Vizcarra se encuentra siendo investigado por hechos de corrupción cuando fue Gobernador Regional de Moquegua. Por otro, también es cierto que aún se están recogiendo pruebas al respecto para, posteriormente, plantear una acusación fiscal. Los reportajes periodísticos que se emitieron sobre el caso, sin contrastación de datos ni indagación por parte del parlamento, fueron usados para sacar al presidente en un proceso exprés, en el que los votos estaban decididos antes de escuchar su defensa.
Sumado a ello, el contexto social para promoverla era poco favorable. El Perú es uno de los países que más ha sido afectado por el COVID-19, tanto a nivel sanitario como económico. Al colapso de hospitales y empobrecimiento de la ciudadanía se le añadía otra crisis política, fruto de los constantes enfrentamientos entre Ejecutivo y el Legislativo, en esta ocasión, estando a puertas de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, faltando tan pocos meses (8) para que nuevos representantes asuman estos cargos, parte de la ciudadanía consideró que lo ideal era que Vizcarra terminara su mandato mientras la fiscalía lo investigaba. De hecho, en una encuesta hecha por IEP (2020), el 95% de los entrevistados estaban de acuerdo con esa postura y solo 4% opinaban a favor de la vacancia.
Siendo así, lo que motivó a los legisladores a actuar como lo hicieron fue quitar a Vizcarra del camino para aprobar medidas que los beneficien. El Gobierno significaba un obstáculo para la aprobación de normas controversiales que, en la mayoría de casos, habían sido observadas por organismos técnicos del Ejecutivo. Por ejemplo, al día siguiente de la vacancia se presentó un proyecto de ley que amenazaba la Amazonia al promover la expansión de la minería artesanal y otro en el que se flexibilizaba la obtención de la certificación ambiental. También, en los días siguientes, se programó en la Comisión de Educación, la exposición de un proyecto de ley que planteaba derogar o modificar la reforma magisterial y universitaria. Esta iniciativa ponía en riesgo todos aquellos procedimientos vigentes orientados a garantizar la calidad educativa tanto a nivel básico como superior. También hubieron más riesgos la calidad del sistema educativo del pais.
asesinados, y otros quedaron gravemente heridos. A las malas decisiones del Congreso, se le sumó un gobierno autoritario que, gracias a las movilizaciones, solo duro 6 días, pero dejó grandes heridas.Todos estos actos, empezando por la aprobación de la vacancia, generaron indignación en miles de peruanos y peruanas, en su mayoría adolescentes y jóvenes que, desde el 9 hasta el 17 de noviembre, se organizaron y autoconvocaron para realizar protestas multitudinarias en defensa de la democracia y de las principales reformas estatales (educativa, política y judicial). Estas manifestaciones, a pesar de ser pacíficas, fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional del Perú, de tal forma que en la marcha del 14 de noviembre, dos jóvenes, Inti y Jack, fueron
Finalmente, lo que sucedió gatilló un sentimiento de hartazgo frente a la clase política en adolescentes y jóvenes. La “generación del bicentenario”, término acuñado por la socióloga peruana Noelia Chávez, que salió a las calles a defender a su patria ha sido testigo de constantes hechos de corrupción. Ha visto cómo los políticos se disputan el país como si fuese un botín. Ha notado, además, cómo la desigualdad crece y cómo la justicia es esquiva. No son indiferentes a lo que sucede, quieren un país mejor y, para ello, hacen uso de nuevos discursos y nuevos espacios, como el Instagram o el Tik tok, para compartir información, organizarse y expresar su malestar.
No se asusten si se habla una nueva Constitución, es un debate necesario, la configuración de la sociedad y el contexto social es distinto al de 1993. Quizás sean necesarias reformas, quizás un nuevo pacto social, pero antes debemos escucharnos y respetarnos, dilucidar qué nos guiará en esta nueva etapa, se van a cumplir 200 años de independencia y aún no tenemos claro quiénes somos, quizás es momento de construir un nuevo futuro que incluya a todas y todos.
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Publicado originalmente en: Global Voices (Creative Commons)
Por: Andrea Marcela Paliza Olivares el día 25 November, 2020
