Reporteras de Guardia: Indigna a hispanos ley antiinmigrante de Alabama

Es terrible saber cómo el ser humano puede actuar en contra de otro ser humano. Los Estados Unidos de América son un ejemplo de este tipo de acciones: durante la última semana de septiembre pasado, nuevamente estaba en disputa una propuesta de ley antiinmigrante en el estado de Alabama, la HB56, considerada como la legislación más dura en contra de los millones de migrantes sin estatus legal y que hoy es un hecho.

Arizona fue el primer estado que alzó la mano en este tipo de propuestas de ley con la SB 1070. Con ésta última, la consigna era crear un lugar más seguro.

El principal argumento fue que los migrantes indocumentados están ocupando las oportunidades laborales que los ciudadanos estadounidenses podrían tener.

¡Qué buena broma!

Quisiera ver que un estadounidense regular hiciera el trabajo que miles de compatriotas hacen en los restaurantes, en la limpieza o en el campo.

Los estadounidenses consideran este tipo de trabajos como de tercera clase; nos odian pero al mismo tiempo no podrían vivir sin nosotros. Hablo en primera persona porque no puedo concebir tal aberración. Basta vivir aquí un corto tiempo para darse cuenta del gran aporte a la economía que dan todos los migrantes.

En los últimos tiempos se han ensañado con este tipo de legislaciones. La Ley HB56, propuesta por el gobernador republicano Robert Bentley, convierte en delito proporcionar servicios básicos –como agua y vivienda- a cualquier persona que no cuente con documentos legales.

Del mismo modo, los policías se vuelven en agentes de migración: con la sola sospecha de que alguien es indocumentado puede ser abordado y detenido.

Y ni hablar de obtener una licencia de conducir. Las escuelas deben informar a las oficinas gubernamentales cuando se sabe si algún estudiante, o sus padres, no poseen papeles que acrediten su estancia legal.

Si por alguna razón algún buen samaritano quisiera ayudar a algún indocumentado, puede ser multado o encarcelado; y no se diga si le da empleo o si algún médico le brinda sus servicios.

La aplicación de esta ley fue detenida a principios de septiembre por contravenir a las leyes federales. Sin embargo, el miércoles 28 de ese mes, la jueza de distrito, Sharon Blackburn, falló a favor de la Ley HB56, pese a lo polémica que resultó ser y también a pesar de tres demandas presentadas por separado entre julio y agosto pasados, las cuales habían pedido eliminarla, por considerarla contraria a la ley migratoria federal.

El gobierno federal, con toda la autoridad, ha dejado que esta oleada de leyes antiinmigrantes, de perfil racista, crezca como una mancha voraz. Lo único que está creando es un antecedente legal que sirva para que otros estados puedan acogerse a este tipo de ordenanzas.

En los medios de comunicación, sobre todo los hispanos, se han visto innumerables testimonios de personas que cuentan sus historias y el terror que viven al saber que en cualquier momento pueden perder todo por lo que han luchado y se han sacrificado.

Es innegable el hecho de que violar las leyes migratorias de cualquier país es un delito. Pero esa falta es considerada dentro de las leyes civiles y no penales, como es el caso de los Estados Unidos: es una transgresión menor en pos de la búsqueda de un mejor vivir debido a que en los países de origen no se ha encontrado.

Me pregunto: ¿Por qué es un delito buscar una mejor calidad de vida? ¿En qué momento el hombre como raza puede ir en contra de su misma especie? ¿Qué lo motiva? Probablemente la respuesta nunca la tendré, pero es algo que no deja de indignar.

Ojalá la opinión internacional levante la mano y de una vez por todas se actúe en contra de un país que se jacta de querer imponer el orden fuera de sus fronteras, pero al interior procede de un modo radical e intolerante.