Trinidad y Tobago deporta mujeres y niños venezolanos por razones de “seguridad nacional”

“No es potestad de nadie simplemente cambiar la ley”

La blogósfera de Trinidad y Tobago se ha visto envuelta en un acalorado debate sobre la deportación de 16 menores y 11 adultos (de donde nueve son mujeres) de nacionalidad venezolana, quienes se dice fueron expulsados poco antes de que comparecieran en una audiencia de habeas corpus programada para las 14:00 horas del 22 de noviembre. Stuart Young,  ministro de Seguridad Nacional, justificó la deportación alegando que era parte de su misión de proteger al país.

Ante la preocupación por que la embarcación que los llevaba de vuelta a Venezuela no se podía localizar, y las declaraciones del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que describían el accionar de Trinidad y Tobago como un acto “cruel, doloroso e inhumano”, no solo buscaron al grupo, sino que la jueza trinitense Avason Quinlan-Williams ordenó que el Estado los trajera de vuelta a Trinidad para presentarse en la audiencia.

El grupo de solicitantes de asilo volvió a las costas de Trinidad el 24 de noviembre, y allí los recibieron sus familiares que ya vivían en la isla:

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No words. None. https://t.co/8TiIW2hGBq

— Wesley Gibbings (@wgibbings) November 24, 2020

Laurel V Williams informa desde la playa Los Iros donde un grupo de venezolanos entró al país y se sentó para esperar a la Policía.

Por favor, ve el video completo en nuestras páginas de Facebook e Instagram.

Video de Lincoln Holder
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No hay palabras. Ni una sola.

La primera en atraer la atención pública sobre el caso fue la abogada Nafeesa Mohammed, quien presentó su renuncia al cargo de segunda líder del partido gobernante, Movimiento Popular Nacional (PNM), apenas semanas antes de las elecciones generales de Trinidad y Tobago del 10 de agosto.

Mohammed explica que estas personas fueron arrestadas inicialmente el 17 de noviembre en el sur de Trinidad, que está a unos once kilómetros al norte de Venezuela. La continua crisis política y socioeconómica del país sudamericano ha forzado a miles de personas a buscar asilo en Trinidad y Tobago.

Sin embargo, en este caso particular, hubo una especial preocupación por el bienestar de los niños, que hizo que Mohammed escribiera al jefe de la agencia de inmigraciones para entablar un diálogo. Aparentemente, los certificados de nacimiento y otros documentos pertinentes se entregaron a la división de inmigraciones, mas no los aceptaron. Cuando Mohammed se enteró de que la deportación era inminente logró adelantar la audiencia, pero fue en vano.Luego señaló que las acciones del eEtado en este asunto rompían con sus obligaciones internacionales y que quería iniciar una investigación sobre el caso.

Stuart Young, ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, dio una conferencia de prensa el 24 de noviembre para abordar la situación y “enviar un mensaje muy firme” sobre la seguridad de la nación y las leyes que la garantizan.

Con la pandemia de COVID-19 como telón de fondo de sus comentarios, Young destacó que las fronteras de Trinidad y Tobago estaban cerradas para trinitenses y extranjeros, y así han estado desde el 17 de marzo, poco después de que el país registró sus primeros casos. Quien quisiera ingresar mientras la frontera estuviese cerrada debía pasar por la aprobación del ministro mismo.

De acuerdo con estos lineamientos, continuó Young, este grupo de venezolanos incumplía con las leyes migratorias de Trinidad y Tobago, sus normas sanitarias y las políticas gubernamentales. No obstante, Mohammed insiste en que las personas de ese grupo que fueron sometidas a pruebas dieron negativo en COVID-19.

Young remarcó que el Gobierno “no puede ser acusado legítima y justificadamente” de manejar los asuntos migratorios de extranjeros sin un pilar humanitario, y reiteró:

It is not up to any one person — in a democracy, it doesn’t operate like that. It’s not up to lawyers, it’s not up to courts, it’s not up to anyone to just change the law according to how they feel. This government has always approached the issue of non-national migration with a balance that includes the humanitarian aspect.

En una democracia, eso no es potestad de una persona, las cosas no funcionan así. No corresponde a abogados, juzgados ni a nadie cambiar las leyes de acuerdo a su sentir. Este gobierno siempre abordó el tema de la migración extranjera equilibrando los aspectos humanitarios.

No obstante, a comienzos de 2019, aún cuando las naciones del Caribe trataban de establecer una diplomacia internacional decisiva sobre el estancamiento político de Venezuela, Trinidad y Tobago parecía renuente a calificarla como una crisis humanitaria, en cambio, optó por repetir la postura diplomática de la Comunidad del Caribe (CARICOM) de “no interferencia y no intervención”.

Para junio de ese año, el Gobierno de Trinidad y Tobago sí cumplió su promesa de regularizar a los venezolanos ilegales. Desde entonces, muchas de las condiciones y beneficios asociados a este proceso de registro han excedido el límite inicial de un año, hecho que cita Young como prueba del interés del Gobierno desde un ángulo humanitario, aunque aún no está claro qué pasará cuando se termine la prórroga.

Las agencias internacionales no siempre han estado de acuerdo sobre que el Gobierno de Trinidad y Tobago haya actuado de forma humanitaria. El abril de 2018, la repatriación de 82 venezolanos generó duras críticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien calificó el hecho como una “deportación forzada” que viola las leyes internacionales.

Trinidad y Tobago accedió a la Convención de Refugiados de 1951 y es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional, la Convención de Naciones Unidas por la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias y la Convención de Naciones Unidas por los Derechos del Niño.

En su conferencia de prensa, Young acusó a las “agencias internacionales” de manipular las estadísticas para que indicaran que el número de venezolanos en busca de asilo en el país era mucho mayor al registrado durante los procedimientos de junio de 2019.

No obstante, un informe de Global Voices de junio de 2019 indica que ACNUR estimaba que “población de preocupación” de Trinidad y Tobago era de más de 10 000 personas, que incluyen 800 refugiados y 9985 solicitantes de asilo, y que la mayoría eran de Venezuela. La cifra final de inmigrantes registrados fue de 16 523.

Al culminar el proceso, Trinidad y Tobago estableció un requerimiento de visa para todos los venezolanos que buscaran ingresar al país. Los extranjeros ilegales serían deportados.

Young declaró que “entendía el sentir” que provocaba la situación, pero lanzó una advertencia a quienes trataban de “manipular la narrativa diciendo que es un asunto de mujeres y niños”. Sin embargo, para muchos usuarios de redes sociales, ese era precisamente el quid de la cuestión:

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So arrangements are being made in the Cedros police station to deport 16 Venezuelan children including a baby and children aged 2-8).

Their fathers hold MONS permits/UN /Asylum Certificates. They all have relatives here.

Since when have we engaged in family separation?

— S (@shivkgs) November 21, 2020

Están haciendo los trámites en la comisaría de Cedros para deportar a 16 menores venezolanos, entre quienes se incluyen un bebé y niños con edades entre 2 y 8 años.

Sus padres tienen permisos MONS/UN/Certificados de asilo. Todos tienen familiares aquí.

¿Desde cuándo nos dedicamos a separar familias?

Mohammed confirmó que los padres de algunos de los niños están registrados en Trinidad y Tobago, y otros tienen tarjetas de ACNUR. El ministro Young replicó que los venezolanos con tarjetas de registro de Trinidad y Tobago que trajeran amigos y familiares al país estarían quebrantando la ley y serían deportados, y agregó que el registro de ACNUR no otorga a nadie la condición de residente.

Young también expresó preocupación por que situaciones como esta pudiesen ser una alerta roja de tráfico humano, ya que hay focos activos en Trinidad y Tobago, y se sospecha que están involucrados agentes de las fuerzas policiales y de las autoridades fronterizas.

A pesar de haber aludido a la Ley de Migraciones de Trinidad y Tobago, que contiene un apartado referido a la clase de personas “indeseables” a quienes se prohibiría entrar al país y contra quienes se ofrece una “capa adicional de protección”, el ministro Young declaró que si bien se preocupaba por la seguridad de este grupo, debía hacer cumplir la ley, que es es “clara y no puede contradecirse”.

Con respecto a los protocolos judiciales, observó:

The persons were returned to Venezuela before any court order was made. So, there is no longer any jurisdiction, there is no breach, there is no misinforming the court or anything like that.

Las personas fueron enviadas de vuelta a Venezuela antes de que se emitiera alguna orden judicial. Entonces, ya no había jurisdicción, no había violación a la ley, desinformación del juzgado ni nada.

No obstante, el juzgado logró asegurar el retorno del grupo a suelo trinitense, y los menores fueron liberados y puestos bajo cuidado de sus padres.

El proceso legal continúa, pero en el tribunal de la opinión pública ya muchos sentenciaron que el accionar de Trinidad y Tobago representó un “quiebre moral”.

Escrito por Janine Mendes-Franco Traducido por Romina Navarro · Ver artículo original [en]