Activista es juzgado en Bulgaria por un comentario en Facebook
En febrero de 2016, el ecologista búlgaro Borislav Sandov fue condenado por «insultar» al director de una compañía minera de cobre en una actualización de estado en Facebook, en la que afirmaba que la mina de dicha compañía había envenenado las aguas que rodean la ciudad búlgara de Panagyurishte.
El caso es un ejemplo de la potencial fragilidad del discurso político y la libertad de expresión en Bulgaria. La próxima vista de este juicio está prevista para el 30 de mayo.
Borislav Sandov es conocido en Bulgaria por su protagonismo en importantes protestas medioambientales de los últimos años. Sandov, que también es científico y miembro del movimiento político búlgaro de Los Verdes, publicó una entrada en su página de Facebook en la que tachaba a Lachezar Tsotskorkov, director ejecutivo de una de las mayores compañías mineras búlgaras, de «oligarca envenenador». El comentario continúa explicando lo que describe como una «saga legal» entre Los Verdes y la empresa, llamada Asarel Medet.
La entrada provocó que Tsotsorkov denunciara a Sandov por insultos y difamación, acusándolo de mancillar su buen nombre. En febrero, el tribunal de la ciudad de Panagyurishte dictaminó que Sandov no era culpable de difamación pero sí lo era de insulto.
Algunas voces locales han expresado su respaldo a Sandov mientras continúa el proceso en la siguiente instancia. El embajador francés en Bulgaria, Xavier Lapeyre de Cabanes, tuvo un gesto de apoyo en Twitter escribiendo «Yo soy Borislav Sandov»:
Borislav Sandov ha sido declarado inocente de las acusaciones de difamación por decir que en 2014, la mina de Tsotsorkov envenenó dos veces las aguas que rodean la ciudad de Panagyurishte. El tribunal concluyó que en el momento de escribir ese comentario había suficientes razones para pensar que tenía razón. Creo que ha sido un éxito.
El tribunal falló que Sandov había «humillado» el honor y la dignidad de Tsotsorkov, ya que el insulto se hizo de manera pública y se distribuyó por varios medios, entre ellos Facebook. Un análisis posterior de Capital cita al experto legal Kalin Angelov, que comentó así el caso:
Tsotsorkov fue insultado por su propia empleada de Relaciones Públicas, que sigue el perfil de Sandov en Facebook y evalúa qué contenido es «insultante» y cuál no. Este «insulto» mediatizado también sorprende en la frase.
Sandov cree que la denuncia se podría deber a una venganza. Con anterioridad, él y sus compañeros del Partido Verde han llevado a cabo investigaciones y batallas legales contra la inversión que supuestamente quería hacer Tsotsorkov para duplicar el tamaño de la mina Asarel Medet. El magnate de la minería ha perdido estos litigios en tres instancias.
Borislav Sandov (a la derecha) en una protesta ecológica. Foto de su archivo personal, utilizada con su autorización
Capital Daily también citó a Boyko Boev, un experto búlgaro en legislación sobre medios de comunicación residente en Londres, quien dijo que «la gente que participa en acontecimientos de interés público debe esperar reacciones en Internet relacionadas con sus acciones». También explicó que determinar los motivos del acusado es un importante factor en casos de difamación. Cuando la declaración está relacionada con la actividad profesional de una persona, si se hace con voluntad de ayudar a la sociedad, habrá un nivel más alto de tolerancia por parte del tribunal. Hay que asumir que este nivel de tolerancia debe aplicarse al caso de Borislav Sandov, que en general se considera defensor de un tema de interés público, ya que concierne al entorno natural y a la salud pública.
El hecho de que la entrada de Sandov apareciera en Facebook también es importante, ya que muchas personas ven esta plataforma como un lugar en el que cualquiera puede escribir lo que desee con total impunidad. Boev añadió:
No es raro ver juicios por mensajes publicados en Facebook. La ley no establece que Facebook sea un lugar donde se pueda escribir cualquier cosa que se desee.
Según el Código Penal búlgaro, la difamación y el insulto pueden propagarse por medios impresos «u otros medios». En este caso, se considera que los medios sociales entran en esta última categoría. Capital recordó a sus lectores que en 2014 una mujer fue condenada a pagar una multa de 1200 € y dos compensaciones de más de 3700 € por los mensajes difamatorios que publicó en Facebook. La mujer había utilizado la red social para acusar a un exempleado de comportamiento incorrecto.
Borislav Sandov, archivo personal.
El proceso se hizo contra Sandov de forma personalizada, pero el activista también es representante de un partido político, como el propio Sandov señaló en unas declaraciones a Global Voices. También añadió que esta es la primera vez que se demanda a un representante político, aunque sea de forma individual, por sus actividades en los medios sociales. Para justificar su discurso, Sandov dijo a Global Voices:
Hablamos de figuras públicas, sobre quién estamos autorizados a criticar.
En una entrada de blog titulada «Insulto o crítica: a discusión», la conocida experta búlgara en legislación sobre medios Nelly Ognyanova también hizo referencia al caso:
Interferir con la libertad de expresión es un acto que se relaciona con el discurso político. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el discurso político está constituido en la sociedad actual por importantes debates públicos en el sentido más amplio, entre ellos los relacionados con la protección del medioambiente y de los animales, y la promoción de una forma de vida más sana [ECHR, VGT v. Suiza, Solicitud no. 24699/94].
Ognyanova añadió:
El discurso político tiene el nivel más alto de protección, según los estándares internacionales, y puede limitarse a un pequeñísimo número de argumentos relacionados con los principios democráticos de gobernabilidad y los valores de las sociedades democráticas.
En el mismo artículo que analiza el caso de Sandov, el Capital Daily afirma que en algunos países, el sistema judicial se va adaptando a los nuevos avances tecnológicos. Por ejemplo, en el Reino Unido, la fiscalía ha recibido instrucciones de cómo tratar los casos sobre temas de interés público que tienen impacto en la Red, como los casos de peligro para la seguridad nacional.
Mientras se aclara si estos procesos podrían repetirse en el futuro, Sandov aguarda ahora su próximo juicio.