Las culturas originarías de América Latina, aquellas que sobrevivieron a la colonización, comparten un vínculo estrecho con la tierra y los recursos que obtienen de ella, sin embargo, el sistema neoliberal no entiende este relación y todo lo traduce en negocios al pasar por encima de sus derechos como si éstos no existieran.
Honduras atraviesa este proceso, luego del golpe de Estado, el nuevo gobierno ha impulsado “políticas de desarrollo” que interfieren directamente con la posesión de la tierra de los nativos, que por siglos han vivido en ella.
Las iniciativas incluyen subastas territoriales sin consulta a los indígenas que las habitan, todo, según el discurso oficial, para sustentar un nuevo Plan Nacional que encaminará al país al desarrollo a través de la producción de energéticos a cargo de compañías extranjeras que devastan los recursos naturales.
Para permitir que las empresas extranjeras utilicen el territorio hondureño a su antojo, las autoridades decretaron Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), que dejan de lado los derechos de los pueblos originarios en afán de una retribución económica.
El conflicto se concentra en el Valle del Aguan donde las características geográficas permiten la producción de palma africana y la explotación a través de un modelo de producción que no considera las consecuencias del mismo, pero se aplicará en todo el país.
El contenido de la ley RED no es del conocimiento general, ni se sometió a consulta alguna, simplemente se aprobó y de un plumazo desplazará a 20 comunidades Garífunas. Con ese mismo método se ocuparán las barrancas y cuencas hidrológicas de Honduras, sin estudios de impacto ambiental que abalen su uso.
Generaciones de comunidades indígenas han cuidado su territorio y protegido el equilibrio ecológico, sin embargo, ahora reciben amenazas por parte de las autoridades para abandonar el sitio que habitaron por cientos de años.
Este sistema de producción es reconocido a nivel internacional por el rastro de destrucción que deja a su paso en lugares tan lejanos como Papua Nueva Guinea y Perú. Ahora alcanza a honduras que poco a poco va presionando a las comunidades para apropiarse de sus bosques.
Por si fuera poco las empresas han contratado individuos de las comunidades que sirven como intermediarios para comprar las tierras a los indígenas, expulsarlos y luego administrar la zona adquirida.
Actualmente hay en Honduras alrededor de 200 mil hectáreas de palma aceitera, pero las plantaciones podrían ocupar 500 mil, eso sin mencionar la explotación de las cuencas hidrológicas del país.