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Los territorios más vulnerables a la violencia de género durante la pandemia

Munimara / Shutterstock

El confinamiento estricto que hemos tenido que soportar durante varias semanas como medida de protección contra la COVID-19 ha traído consigo que aumente otra pandemia ya existente pero que se encuentra en la sombra: la violencia contra las mujeres. Así lo señaló ONU Mujeres en su declaración del 6 de abril.

Destaca que el confinamiento aviva la tensión y el estrés, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos y las separa de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas.

Pese a que las medidas de confinamiento se van relajando progresivamente, la situación dista mucho de haber vuelto a la normalidad, por lo que se siguen manteniendo muchas de estas barreras que impiden rebajar la nueva intensidad del problema, ya muy elevada antes del estado de alarma.

Cuando hablamos de violencia de género no nos referimos solo a las víctimas mortales. Pese a que los feminicidios constituyen una tragedia, la magnitud del problema es mucho mayor. La vulnerabilidad a la violencia de género es un concepto multidimensional y complejo que es necesario abordar en todas sus manifestaciones. Entre ellas, es muy relevante la dimensión temporal y espacial de la violencia, porque permite hacerse nuevas preguntas para comprender las causas de su persistencia y poder realizar un mejor seguimiento en el corto plazo.

Hemos profundizado en estos aspectos en un documento de trabajo del Instituto de Análisis Económico y Social y la Cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá. En él se analiza el diferente grado de vulnerabilidad territorial a la violencia de género y para ello se elaboran índices sintéticos de vulnerabilidad regional (IVRVG) y provincial (IVPVG) frente a este tipo de violencia.


JRP Studio / Shutterstock

El País Vasco, con el índice más bajo

Los resultados del IVPVG (mapa 1) permiten corroborar el elevado grado de homogeneidad en las posiciones de las provincias que componen algunas comunidades autónomas, ordenadas de mayor a menor índice de vulnerabilidad. Por ejemplo, cabe destacar que las tres provincias con menores índices son las del País Vasco.

Por el contrario, las tres que componen la Comunidad Valenciana se ubican entre el cuarto más vulnerable, encabezadas por Alicante, que es la segunda provincia más vulnerable a la violencia de género después de Almería.

En otros casos se observa una mayor dispersión entre las provincias de una misma región. Hablamos, por ejemplo, de Galicia, donde A Coruña muestra el peor resultado (posición 33), a notable distancia de Lugo, Ourense y Pontevedra, que ocupan las posiciones 48, 46 y 42, respectivamente. La Rioja se ubica entre las menos vulnerables, con la posición 43.

De las provincias andaluzas, cuatro se encuentran en el primer cuartil (la ya mencionada Almería, junto con Málaga, Granada y Jaén, en las posiciones 8ª, 9ª y 13ª respectivamente); y Córdoba, en la posición 23, se evidencia como la provincia andaluza menos vulnerable a la violencia de género.

En Cataluña también se observa una cierta dispersión de sus provincias. De mayor a menor índice de vulnerabilidad, Tarragona está en el puesto 29, Barcelona en el 37, Girona en el 44 y Lleida en el 47.

De Castilla-La Mancha, Guadalajara es la provincia en peor situación, siendo la 11ª más vulnerable de las 52, dentro del primer cuartil. En el caso de Castilla y León todas se ubican en posiciones intermedias, con la excepción de Salamanca, que se presenta con un grado de vulnerabilidad relativa muy bajo, con el puesto 49.

Mapa 1. Índice de vulnerabilidad provincial de la violencia de género.
Elaboración de las autoras.

Dentro de Aragón, la provincia de Zaragoza, en el puesto 27, es la peor situada, pues Huesca y Teruel encabezan ya el cuarto cuartil. Las dos provincias extremeñas son muy homogéneas puesto que aparecen distanciadas en solo 4 puestos. Navarra aparece en la segunda mitad del ranking. Por último, cabe destacar entre los territorios más vulnerables Santa Cruz de Tenerife (3ª posición), Las Palmas (5ª) y Baleares (12ª), dentro del primer cuartil.

¿Cómo se calculan los índices?

Se plantean siete dimensiones, 11 indicadores y 11 variables. Las dimensiones consideradas son:

Víctimas mortales y menores huérfanos.

Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género.

Sistema de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género.

Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VIOGEN).

Denuncias por violencia de género.

Órdenes de protección por violencia de género.

La fuente de información utilizada son los registros disponibles, en los ámbitos descritos, que aglutina la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en su Portal Estadístico para 2019. Los casos inactivos del Sistema VioGén se han recopilado de los Informes mensuales del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad y el Gabinete de Coordinación y Estudios, correspondiente a diciembre de 2019.

Disponer de este tipo de índices permite ofrecer resultados menos sesgados, pues no se plantea la vulnerabilidad territorial a la violencia de género a partir de un único indicador, algo fundamental al tratarse de un concepto complejo y multidimensional.

Pese a sus limitaciones, los resultados no pueden ser obviados cuando se diseñan y ponen en marcha medidas para prevenir la violencia de género y para proteger a las víctimas, muy especialmente cuando esta tiende a recrudecerse, como ocurre en tiempos de crisis.

En el periodo pos-COVID, la dimensión espacial también resulta de especial interés porque permite comprender las desigualdades preexistentes en la sociedad incrementando la exposición a los riesgos de las mujeres en determinados territorios.

Esta primera aproximación podría mejorarse mediante la inclusión de otros indicadores relacionados con la violencia de género, así como descendiendo a un mayor nivel de desagregación territorial, lo cual resultaría muy recomendable si lo permitieran los datos.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

Fuente: The Conversation (Creative Commons)
Author: María Teresa Gallo Rivera, Doctora en Economía. Profesora Titular de Economía Aplicada y Sub Directora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá., Universidad de Alcalá

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