Según la definición oficial La gestión escolar es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de las escuelas, mediante la autonomía institucional. Esto no quiere decir que las escuelas públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el apoyo gubernamental”
Son tan enfáticos en ello porque esa ha sido la principal amenaza de los grupos magisteriales que se han opuesto a la reforma y es la que más nos debe preocupar.
La versión oficial prosigue: “La autonomía en la gestión escolar es uno de los principales aspectos de la reforma educativa; permite particularizar la administración de recursos considerando las características y necesidades de cada plantel”
Deja todo muy al aire y ambiguo sin especificar cómo se administrarán esos recursos y si estos vendrán o podrán venir de entes privados, al principio suena bien como una manera de tener gestión en las prioridades de la escuela ¿Pero no acaso diluye la responsabilidad del Estado?
Los riesgos de esta singular concepción de la autonomía de gestión son varios. El primero es reducir la escolarización y el currículo nacional a la adquisición de contenidos instrumentales, los mismos que miden las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales: lectura, escritura, matemáticas y ahora la denominada sana convivencia. El segundo es que al restringir la participación de los padres de familia a resolver problemas de operación e infraestructura, se atenta contra el principio de gratuidad aún vigente en la Constitución. Así lo sugieren las múltiples noticias que circulan en medios locales sobre el cobro de servicios de agua y luz a cargo de los padres de familia, situación que sobre todo en zonas marginadas, ha generado inconformidades y protestas.
Un tercer riesgo se relaciona con la injerencia del sector privado y diversos grupos empresariales en las escuelas públicas a nombre de la calidad educativa; la autonomía de gestión puede convertirse en un parapeto para emprender jugosos negocios, mismos que generalmente arrastran consigo una cauda de males como el desvío de recursos públicos, corrupción, opacidad e impunidad. Ejemplos de que esto ya ocurre hay muchos: fundaciones disfrazadas de empresas o más bien, empresas disfrazadas de fundaciones que recibe recursos públicos por parte de gobiernos estatales y del federal, sin que los beneficios prometidos lleguen a las escuelas directamente (véase el interesante reportajepublicado el 7 de julio en Nexos.). Otro caso es la denuncia de docentes en redes sociales con respecto a la obligación de recaudar fondos para el Teletón.
No les extrañe ver pronto esto en México
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